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No hay delito que perseguir, asegura juez sobre el caso de 31 científicos acusados de operaciones ilícitas

Se estableció que los recursos económicos que recibió el FCCyT A.C. por parte del Conacyt en el periodo 2013-2019 a través de sus directivos, fue con todas las facultades y bajo la ley establecida en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

miércoles 22 de septiembre de 2021 - 22:02

Un juez federal negó definitivamente girar órdenes de aprehensión en contra de 31 investigadores y personal administrativo de la pasada gestión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC. (FCCyT A.C.), mismas que eran promovidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

En dicha sentencia se explica que los hechos imputados por la FGR no pueden ser analizados a la luz del derecho penal. En esencia se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro por parte del Conacyt en el periodo 2013-2019 a través de sus directivos, fue con todas las facultades y bajo la ley establecida en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en el momento de los hechos.

Además, las actividades mencionadas están fuera del actual Estatuto Orgánico del Conacyt, que fue modificado recientemente y en el que en efecto, ahora ya no contempla la existencia de la Asociación Civil, sino de un órgano interno con el mismo nombre.

Las demás acusaciones penales como uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, tampoco fueron avaladas usando las mismas razones expuestas. A partir de esta sentencia la FGR podrá impugnar la resolución ante un tribunal colegiado.

Cabe mencionar que de acuerdo con personas señaladas en el caso y que prefieren guardar el anonimato, hasta el momento de la resolución del juez los imputados no habían recibido una notificación oficial que les informara los hechos de los que se les acusaba, pero a principios del mes de junio de 2021 la FGR envió a policías a verificar sus domicilios.

Otras voces

Esta mañana el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue señaló que ante la creciente preocupación y desasosiego, que ha surgido entre la comunidad académica nacional por este “despropósito y acusación inconcebible de asociación delictuosa”, deben manifestarse.

“Yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México, reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto de los posibles involucrados”. Dijo además que estarán atentos y comprometidos a ello.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado esta mañana sobre si sabía que hay denuncias contra investigadores, respondió “Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”.

Los antecedentes del caso

El primer hecho fue la denuncia presentada el 10 de julio de 2020 por Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, en la que manifestaba que entre enero de 2013 y junio de 2019 el Consejo había transferido 244 millones de pesos al Foro de manera ilegal.

Posteriormente a mediados de agosto de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló la legalidad de los recursos y resolvió que Conacyt sí debía otorgar dicho presupuesto al Foro.

Posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación: FEM/ FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021, para que el Centro de Justicia Penal Federal girara órdenes de aprehensión en contra de 31 personas.

El 24 de agosto de 2021 fue celebrada la audiencia ante el juez Gregorio Salazar Hernández, en el Estado de México, quien consideró que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura, por lo que dio 15 días hábiles para presentar la evidencia.

Hoy el juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó definitivamente girar las órdenes de aprehensión.