¿Es suficiente la carrera en Derecho para defender trabajadores? El Poder Judicial despeja la duda

El Poder Judicial de la Federación emitió un nuevo criterio para el papel de los abogados defensores de trabajadores en un juicio. El objetivo es garantizar una representación adecuada de las personas en la demanda de sus derechos laborales.

A través de una tesis aislada, un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que “la autoridad debe verificar si el abogado, licenciado en Derecho o pasante, satisface un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus funciones”, con el objetivo de demostrar la capacidad para defender a la persona representada.

Esta resolución se desprende de un caso en el que un abogado pasante de la carrera en Derecho y el trabajador al que representaba, no se presentaron al juicio, lo que ocasionó una sentencia absolutoria para la parte patronal.

El argumento del tribunal, es que la defensa adecuada de los trabajadores “constituye un derecho humano que debe garantizarse y protegerse por la autoridad laboral; esta tutela no debe ser simplemente formal al verificar que la persona trabajadora cuente con defensor o pasante con cédula profesional o constancia debidamente expedida por autoridad competente, sino que debe analizarse desde su vertiente material, es decir, en cada caso particular”.

Este derecho, indicó el tribunal en la resolución, está protegido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Convención Americana sobre Derechos Humano y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Alix Trimmer, fundadora de la firma LAIN, considera que la verificación de la capacidad de los abogados por parte de la autoridad laboral es un paso positivo hacia la mejora de la representación legal. Esto puede garantizar que los trabajadores reciban una defensa competente, reduciendo el riesgo de resultados desfavorables debido a una representación inadecuada.

“La verificación de la capacidad de los abogados por parte de la autoridad es una medida que garantiza que los trabajadores reciban una representación competente, que es esencial para la justicia en los litigios laborales”, señala Trimmer.

Jaime Rodríguez Eguiarte, socio líder de la Practica Laboral Ibarra, Del Paso y Gallego, cree que dicha verificación es esencial para evitar que los abogados sin las habilidades adecuadas representen a los trabajadores, lo cual puede afectar negativamente el resultado de los juicios.

“Un abogado capacitado tiene la habilidad de evitar fallos que pueden resultar en decisiones desfavorables, mitigando así los riesgos para los trabajadores”, indica Rodríguez.

En México, hasta antes de la reforma a la LFT en 2012, no era necesario que la persona que asistiera a un trabajador en una demanda tuviera algún tipo de certificación legal. Bastaba con presentarse con una identificación oficial para litigar, sin importar los conocimientos técnicos o la experiencia.

Los especialistas destacan que esto dejaba a ambas partes en una situación riesgosa, ya que se podía defender a alguien sin tener la formación adecuada.

Sin embargo, “dicha medida no resolvió los problemas de la falta de experiencia y conocimientos de los abogados, eso sigue siendo evidente, y el sistema aún enfrenta desafíos para garantizar una defensa adecuada”, expresa Trimmer.

Retos del Nuevo Modelo de Resolución de Conflictos

Una de las principales críticas de la reforma laboral del 2019 en cuanto al nuevo modelo de resolución de conflictos, es la elección de jueces, ya que para ser juez solo basta con tener una cédula de licenciatura en Derecho, lo que permite que abogados especializados en otras materias puedan juzgar asuntos laborales.

La reforma al sistema de justicia laboral busca agilizar y modernizar la solución a conflictos entre trabajadores y empleadores, pero aún tiene retos, como la necesidad de asegurar abogados que representan a los trabajadores cuenten con la competencia adecuada para llevar a cabo una defensa efectiva.

Trimmer menciona que uno de los principales desafíos del nuevo modelo es establecer criterios claros y objetivos para la verificación de la competencia de los abogados, ya que sin estos, la verificación podría volverse subjetiva y difícil de implementar de manera justa.

Otro pendiente es asegurar que la verificación de experiencia y habilidades no limite el acceso a la justicia. Es importante encontrar un equilibrio entre garantizar la competencia y no restringir la capacidad de los trabajadores para contar con una representación legal.

Rodríguez agrega un reto más, la verificación de competencias puede ser demasiado subjetiva. Por lo que es fundamental establecer mecanismos objetivos para evaluar las habilidades de los abogados.

“Está bien verificar que tengan los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la defensa de un juicio. El problema es que cuando lo dejas abierto y subjetivo como lo está manejando esta tesis del juzgador, ¿qué tal que es porque no le cae bien? Ahí es donde hay que poner atención en la manera en la que evolucionará”, expone el especialista.

Colegialización obligatoria, una opción viable

El concepto de colegialización obligatoria se refiere a la existencia de colegios o barras de abogados, como la Barra Nacional de Abogados o el Colegio de Abogados, que no solo funcionan como asociaciones profesionales, sino que también actúan como entes calificadores del ejercicio profesional

En países como Estados Unidos o Inglaterra, las barras de abogados tienen un papel activo en verificar las competencias de los abogados. En México no se cuenta con dicho sistema.

“Su función sería asegurarse de que las personas cuenten con las competencias jurídicas necesarias, similar al sistema de barras de Estados Unidos. Esto ayudaría a garantizar que los abogados tengan el conocimiento, actitudes y competencias necesarias para ejercer su profesión, es importante porque el Derecho es una profesión eminentemente práctica”, subraya Trimmer.

Por su parte, Rodríguez opina que una colegiación obligatoria podría ayudar a reducir los problemas de escasez de talento en materia de Derecho Laboral, de esa manera asegurar una mejor calidad en la representación legal.

“Una colegiación obligatoria es crucial. Esta mediada proporcionaría un filtro objetivo para asegurar que los abogados tengan las competencias necesarias. Aunque la tesis de evaluación de competencias es un buen comienzo, el colegio es fundamental para evitar malas asesorías con criterios objetivos”, externa Jaime Rodríguez.

Los especialistas coinciden en que, aunque la medida es positiva, no está exenta de desafíos. La necesidad de establecer criterios claros y objetivos para evaluaciones de competencias y de equilibrar esta aplicación con acceso a la justicia son cuestiones clave que deben abordarse con cuidado.