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Implementar el nuevo modelo de justicia laboral costará 10% más en 2023
La Secretaría del Trabajo solicitó para el próximo año una partida de 2,548 millones de pesos para las instituciones encargadas de operar los nuevos mecanismos de justicia y conciliación laboral surgidos a raíz de la reforma de 2019.
Ilustración EE: Nayelly Tenorio
El presupuesto para la operación del nuevo modelo de justicia laboral tendrá el próximo año una inversión 10% superior a la autorizada para 2022, de acuerdo con el Paquete Económico 2023. Esto responde a una mayor asignación de recursos al subsidio que reciben las entidades federativas o la partida para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
La bolsa solicitada para este fin es de 2,548.1 millones de pesos, este presupuesto implica 259 millones más de lo asignado este año para la implementación de la tercera etapa del nuevo mecanismo de solución de conflictos entre empleadores y trabajadores.
Los recursos previstos para el subsidio a las entidades federativas, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) explican el 94% del crecimiento que tendrá el presupuesto solicitado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la operación del nuevo mecanismo ya en todo el territorio nacional.
El presupuesto solicitado, así como el incremento respecto de 2022, se distribuye de la siguiente manera:
- 861.7 millones de pesos para el Subsidio para las entidades federativas (+$150.4 millones)
- 788 millones de pesos para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (+$44.2 millones)
- 627.2 millones de pesos para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (+$50.2 millones)
- 226 millones de pesos para la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (+$11.7 millones)
- 45 millones de pesos para la Unidad de Funcionarios Conciliadores (+$2.6 millones)
La STPS detalló que la continuidad del subsidio para que los estados implementen el nuevo modelo de justicia laboral tiene como objetivo que “los Centros de Conciliación Laboral locales y de Tribunales Laborales locales, cuenten con recursos suficientes para llevar a cabo las funciones de conciliación prejudicial, así como la sustanciación de juicios laborales”.
En 2019 la reforma a la Ley Federal del Trabajo dio vida al nuevo mecanismo de solución de conflictos entre trabajadores y empleadores, con una apuesta importante en el proceso de conciliación para evitar que los nuevos tribunales laborales se saturen como ocurrió con las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Las nuevas reglas del juego prometieron una justicia pronta y expedita para la fuerza laboral.
En octubre de este año terminará la tercera etapa de implementación del nuevo modelo de justicia con 11 entidades federativas inaugurando sus centros de conciliación y tribunales laborales, De esta manera, el nuevo mecanismo operará a plenitud en todo el país.
La implementación del modelo ha tenido un costo cercano a 10,000 millones de pesos entre el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para crear las nuevas autoridades laborales y abatir el rezago de expedientes sin resolver en las juntas de conciliación. A esto hay que sumar los 320 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha aportado para que el mecanismo funcione.
“En esta transición, se continuarán realizando acciones para asesorar, orientar y representar a las personas trabajadoras que lo requieran, actividades que sigue y seguirá proporcionando en forma gratuita la Profedet que atiende a las personas trabajadoras, sus beneficiarios o sindicatos que lo soliciten, en cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas de trabajo y de seguridad social. Para lograr ese cambio en la justicia del trabajo, es indispensable resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano digno, los conflictos laborales de competencia federal que se susciten entre los factores de la producción”, señala la dependencia en su estratégica programática para 2023.
Más recursos para el Poder Judicial
Los tribunales laborales a cargo del Poder Judicial de la Federación cierran la pinza de la nueva justicia laboral, son la autoridad encargada de resolver los conflictos que no alcanzaron solución en la conciliación o los que por ley no deben agotar ese proceso.
A partir de la segunda fase de implementación, el Poder Judicial comenzó a absorber en su presupuesto la operación de los tribunales que se habían creado. Sin embargo, para el 2023 se prevé la apertura de 46 tribunales laborales federales adicionales, para los cuales se solicita la asignación de recursos por 573.4 millones de pesos.
“De conformidad con el análisis de la demanda de asuntos ingresados en los Tribunales de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, se requerirá la instalación de Tribunales adicionales, para hacer frente a la demanda de dichas entidades. La instalación de los Tribunales Laborales requiere de la previsión de múltiples recursos para atender su mandato legal”, explica el Poder Judicial en su estrategia programática para 2023.
Para la tercera etapa de implementación, el Poder Judicial solicitó a la Cámara de Diputados una bolsa de 3,502 millones de pesos para la instalación de 77 tribunales laborales federales.
