Señalan irregularidades por 170 millones de pesos en Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) volvió a estar en el “ojo del huracán”, en esta ocasión por malos manejos por 170 millones de pesos que no se han aclarado luego de cinco revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se vinculan con irregularidades como el pago de becas a beneficiarios fallecidos o personas con un empleo en el sector público y privado.

La diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) presentó este miércoles un análisis basado en las auditorías realizadas al programa insignia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021. En conjunto, durante dichos años la dependencia recibió más 100,000 millones de pesos para la operación del proyecto que tiene como objetivo capacitar en centros de trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan y se encuentran entre los 18 y 29 años de edad.

Entre las irregularidades más destacadas en el programa se encuentran el pago a beneficiarios que fallecieron, capacitación en empresas “fantasmas” o que no están inscritas, aprendices con becas paralelas en el sector educativo, becarios que también estaban registrados como “servidores de la nación”, funcionarios públicos en activo y empleados que ya contaban con un vínculo en un centro de trabajo, así como pago a beneficiarios que también eran tutores o representantes en las empresas.

“Había jóvenes que se encontraban recibiendo salarios como ‘servidores de la nación’. En las cuentas públicas de 2019 y 2021, la Auditoría identificó que 161 beneficiarios de Jóvenes Construyendo del Futuro recibieron apoyos por 3.8 millones de pesos y al mismo tiempo prestaban servicios profesionales, por honorarios o de manera eventual como ‘servidores de la nación’”, acusó la diputada en conferencia de prensa.

En el caso de la duplicidad entre aprendices y estudiantes, casi 700 jóvenes inscritos al programa de la STPS recibieron la beca de capacitación por 8.5 millones de pesos, mientras contaban con apoyo económico de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

“Este programa es necesario, mitiga carencias, pero el tema es que ha sido utilizado con otros propósitos”, expresó la legisladora panista. Las observaciones de las auditorías, opinó, confirman que la STPS “no validó antes de la vinculación que los beneficiarios no se encontraran trabajando”.

Frente a este escenario, María Elena Pérez-Jaén presentó 29 denuncias ante la Secretaría del Función Pública (SFP) contra Luisa María Alcalde Luján, quien encabezó la STPS desde el inicio de sexenio y hasta junio de este año, cuando fue nombrada titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

A decir de la legisladora, la falta de honestidad en la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro y la desconfianza del sector empresarial fueron factores determinantes para que se presentaran estas irregularidades, además de una mala planeación.

“La única auditoría de desempeño se realizó en 2019 y es muy importante. El resultado fue que el programa no contó con elementos que acreditaran su formalización, ni una definición clara del problema, ni se focalizó a la población objetivo. Lo que se encontró en 2019 es terrible, otros ejemplos es que los objetivos e indicadores no fueron adecuados para llevar un seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa, no contó con manual de organización general de la Secretaría del Trabajo actualizado y no se establecieron los requisitos y responsabilidades de cada puesto de trabajo”, relató la diputada.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha vinculado a más de 2.5 millones de aprendices con un centro de trabajo. Para este año, la meta es incorporar a 500,000 becarios con un apoyo económico de 6,310 pesos mensuales, mismo que se ha incrementado 75% en términos nominales desde que inició el programa en 2019.

CEFP advirtió falta de seguimiento

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CCFP) de la Cámara de Diputados realizó un análisis sobre los alcances del programa de aprendices. Uno de los hallazgos destacados es que no se cuenta con cifras de cuántos jóvenes capacitados consiguieron un empleo formal.

A través de un estudio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami), se estimó que los becarios del programa “obtenían el doble de probabilidad de conseguir un empleo frente a jóvenes con características socioeconómicas similares que no eran beneficiarios del programa. Esta información es lo más cercano que se tiene en relación con los alcances del programa en cuanto a la inclusión de los becarios al mercado laboral formal”.

La gran incógnita que no se ha contestado, apuntó el CEFP en su informe, es el “porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa y que pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.

El estudio del CEFP, aseguró la diputada federal  María Elena Pérez-Jaén, también confirma que la STPS no realizó un diagnóstico de necesidades para diseñar el programa con objetivos, metas y prioridades, y tampoco contó con mecanismos para verificar que los beneficiarios cumplieran con los requisitos. “No había ningún control, cualquiera iba y se registraba”.