Asociaciones piden ajustes normativos en materia inmobiliaria

Ante la necesidad de ofrecer servicios relacionados con el sector inmobiliario más eficientes, se han identificado diversos pendientes normativos en el país, específicamente en el tema de administración de condominios, así como en el tema de la intermediación de la comercialización de un bien inmueble.

Tanto la Red de Profesionales de Administración de Condominios, como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), buscan incidir en la actividad legislativa, especialmente de las entidades de la república, para poder fortalecer normativamente su actividad y así dar certeza tanto a la persona que habita en una propiedad, como a quien busca vender o adquirir un bien inmueble.

Por la parte de la Red de Profesionales de Administración de Condominios, su propuesta se basa en homologar y actualizar el Régimen de Propiedad de Condominios que existe en cada estado, pues en la actualidad, existen diferencias entre los distintos marcos normativos de cada entidad, que dificultan la certeza jurídica para la labor de los administradores.

“Cambian muchísimo las leyes de un estado a otro. Necesitamos unificar las leyes para poder estar trabajando”, detalló Mara Cavazos, presidenta de la Red, quien puntualizó que la labor principal de un administrador de condominios es administrar los recursos para mantener las áreas comunes de un espacio de esta naturaleza, por ejemplo, en materia de vigilancia, limpieza o mantenimiento.

En este contexto, Cavazos urgió que es necesario una actualización de cada régimen que contempla la figura del administrador de condominios, pues, por ejemplo, en la Ciudad de México, dicho esquema todavía conlleva el nombre de Distrito Federal y además, la actividad debe de estar vigilada por la Procuraduría Social capitalina, cosa que en ninguna otra entidad se da.

“Por ejemplo, en Monterrey, Guadalajara y Quintana Roo, la normativa ya considera las asambleas virtuales, consideran la creación de asociaciones civiles, que se puedan basar en régimen condominal”, destacó Cavazos.

Para la presidenta de esta Red, que representa a cerca de 200 administradores de condominios en todo el país, en algunas entidades la legislación dificulta la labor de estas personas, pues al manejar recursos de terceros, se topan con la problemática de no poder abrir cuentas bancarias, o contratar un seguro, a nombre del condominio y en este sentido, se opta por adoptar la figura de asociación civil, la cual tiene otras implicaciones fiscales y notariales.

Certificación para evitar fraudes

Por su parte, desde hace algunos meses, la AMPI ha trabajado para que todas las entidades del país cuenten con una ley inmobiliaria, con el fin de que todas las personas que se dediquen a la comercialización de bienes inmuebles estén bajo el radar de la autoridad y así el usuario final pueda tener la certeza de con quien trata al momento de la compraventa de una propiedad.

“Más que darnos certeza a nosotros, va dirigida al público en general”, detalló Florencia Estrada, presidenta de la AMPI, quien añadió que, por ejemplo, si bien en esta asociación se tienen todos los controles de seguridad, este organismo concentra 100,000 asesores (todos ellos con certificaciones), de un mercado de cerca de 900,000 en todo el país.

Actualmente, existen cerca de 20 estados que ya cuentan con una ley inmobiliaria que provee una licencia a todo aquel corredor de bienes raíces, sin embargo, faltan otros para tener un marco normativo en todas las entidades.

Para Estrada, el reto es fortalecer las secretarías de Economía de dichas entidades donde no hay un marco normativo al respecto, para poder incentivar estos cambios a nivel de ley de cada estado.

“Hay estados que no tienen una Secretaría de Economía sólida y entonces dependen de otras secretarías y eso son decisiones externas… Eso nos ha imposibilitado que todos los estados puedan tener su licencia”, detalló Estrada.

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