Dividir el territorio en urbano o rural, una práctica que genera políticas públicas ineficientes

América Latina y el Caribe es considerada la segunda región más urbanizada del mundo, ya que alrededor de 80% de su población vive en ciudades y 20% restante en áreas rurales, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hasta ahora, la clasificación dualista (urbano/rural) ha servido para facilitar el entendimiento de la realidad territorial. Sin embargo, Carlos Salazar, líder de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda para Colombia del Banco, explicó que esto puede caricaturizar las dinámicas del desarrollo que ocurren en un entorno.

“El resultado inmediato de clasificar realidades complejas en categorías excluyentes conlleva al diseño de recetas que homogenizan particularidades y, por ende, a la ineficiencia de las políticas públicas para atender las problemáticas propias de la naturaleza y especificidades territoriales”, comentó el especialista en un análisis publicado en la página del BID.

En el 2015, por ejemplo, se llevó a cabo el estudio “Misión para la Transformación del Campo” en Colombia, la cual concluyó que, cerca de 60% de los municipios del país deben considerarse como rurales y más de 30% de la población sería de carácter rural.

Dicha situación entra en contradicción con los datos de la clasificación tradicional, la cual considera que solo 26% de la población reside en áreas rurales.

Tomar en cuenta la realidad territorial

En este contexto, se ha desarrollado el concepto de peri-urbano, el cual permite conectar realidades que tienden a fundirse en la clasificación de urbano o rural.

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia hizo un ejercicio para clasificar los municipios y departamentos del país en siete categorías de acuerdo con su desarrollo (robusto, intermedio o temprano) y su funcionalidad urbana.

De esta forma, se encontraron grandes disparidades en términos de calidad de vida, económicos, ambientales, institucionales y de seguridad entre las entidades territoriales y por ende diferentes respuestas desde las políticas públicas.

Salazar remarcó que, dentro de los beneficios que ofrecen esta clase de categorizaciones territoriales amplias, es que brindan soluciones más próximas a la realidad.

Además, siempre que éstas se aborden desde objetivos de convergencia regional y cierre de brechas permiten definir necesidades, diseñar indicadores específicos, pero sobre todo asignar sectores responsables e inversiones que permitan enfocarse en las problemáticas encontradas.

“Es fundamental que los diseños de las políticas públicas tengan en cuenta la riqueza de información de los diferentes gradientes territoriales. Así mismo, resulta importante que los tomadores de decisiones entiendan que éstas son implementadas en territorios con complejidades que trascienden abordajes simplificadores de la realidad”, concluyó el arquitecto.