Ejército, el eclipse en la industria de la construcción: CMIC

El sector de la construcción no termina de alcanzar su recuperación tras la embestida que sufrió durante y después de la pandemia de Covid-19. A los inconvenientes que han aquejado a las empresas privadas, se agregó el desplazamiento que han sufrido por parte de las fuerzas armadas mexicanas, las cuales han tomado bajo su mando las principales obras de infraestructura durante este sexenio.

De acuerdo con Francisco Javier Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el valor de la producción de las empresas constructoras incrementó 5% en el 2022, luego de una caída de 26% en el 2020.

“Para el 2023, esperamos un crecimiento similar, en el orden de 5%, pero no podremos alcanzar lo que se generaba a finales del 2019 y tampoco lo haremos en el 2024”, comentó el líder del sector en entrevista.

Entre las razones por las que las desarrolladoras no han logrado revertir su situación, se encuentra la baja participación que se les ha otorgado en los proyectos prioritarios del Gobierno Federal; así como la disminución de la inversión privada por la falta de confianza política y económica en el país. 

Si bien, los grandes proyectos de la administración permitieron que el rubro de obra civil tuviera un buen desempeño durante el 2022, Carlos Serrano, economista de BBVA Research, destacó que no fue suficiente para contener la caída en la construcción. El año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció 3.1%, mientras que el sector sólo avanzó 0.4 por ciento. 

“Esto se explica porque, por un lado, la obra civil se aceleró y creció 4%, gracias los recursos destinados en las obras de infraestructura del gobierno, pero la edificación residencial cayó 2.4 por ciento. Destaca el desarrollo de obras hidráulicas que aumentó 38%, mientras que las relacionadas con energía reportaron un incremento de 44%, el segmento más rezagado fue comunicaciones y transportes, ya que tiene menos inversión por parte del gobierno”, comentó el experto.

Para el 2023, la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto federal de 700,000 millones de pesos para equipamiento público; sin embargo, el manejo y los avances en el desarrollo del mismo son considerados de “seguridad nacional”, lo que podría tener consecuencias económicas y sociales, según la CMIC. 

“La transparencia con la que se maneja el ejercicio del presupuesto no ha sido como quisiéramos. No sabemos cuánto están costando las obras o si hay una afectación para los ingresos del país, porque al final, el Ejército no paga impuestos”, añadió Solares. 

Sin contratos y sin personal

La intervención de las fuerzas armadas en el desarrollo de la infraestructura del país ha puesto en alerta a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la construcción que se quedaron sin acceso a los contratos de obra pública. 

Según datos de la CMIC, desde el 2020, cerca de 2,500 negocios de esta clase dejaron de facturar, aunque “no se sabe si sigan vivas o no”.

Por otro lado, el Ejército mexicano ha contratado personal civil para ejecutar los proyectos. Desde albañiles, carpinteros o electricistas hasta ingenieros, arquitectos y contadores, lo que para la CMIC se trata de talento humano que antes pertenecía a las firmas privadas.

“Desconocemos las condiciones de contratación o cuánto se les pagan. Nosotros aportamos 5% de la nómina para que los trabajadores puedan tener un crédito de vivienda con las instituciones públicas, no sé si el Ejército también lo haga. Pero, el hecho de que las obras se realicen con personal civil, no ayuda a la economía del país”, sostuvo Solares. 

Frente a la situación, la CMIC manifestó su preocupación ante la Secretaría de Economía, con el objetivo de reactivar la operación de las empresas constructoras, pero, hasta el momento, no ha logrado obtener una respuesta clara al respecto. 

“Respetamos las decisiones del Poder Ejecutivo y estamos totalmente de acuerdo en que se hagan los proyectos tan importantes que se han planteado. No obstante, consideramos que sería conveniente revisar la manera en la que se llevan a cabo”, apuntó Solares.