Insuficiente la política pública para apoyar a mipymes: ASF

No detallar entre las diferencias de tamaño de la empresa generó que las acciones sean limitadas

Una falta de diseño en la política pública para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ha generado que este tipo de negocio no termine de despegar, debido a que no se impulsa su productividad y competitividad.

Así lo señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que especifica que entre 2001 y 2019 existió una política pública genérica, que no detalló las diferencias entre los distintos tamaños de la empresa y sectores, generando que las acciones sean insuficientes.

“Si bien, el objetivo directo de la política fue incrementar la productividad y competitividad de las empresas, sus acciones carecieron de focalización, no tuvieron forma de cuantificar su resultado y no se vincularon directamente con los fines esperados: crecimiento económico y generación de empleos”, aseveró.

El informe de la ASF destacó que la productividad de las mipymes entre 2005 y 2019 prácticamente no creció, solo se registró 0.2 puntos porcentuales, al pasar de -0.1% a 0.1%, es decir la productividad no registró cambios significativos.

Durante el período de 2009 al 2019, el ranking de competitividad internacional del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios en un país, sólo registró un aumento de pasar de la posición 55 a la 54.

“La política pública no tuvo los efectos esperados en las variables objetivo: productividad y competitividad”.

Informalidad y autoempleo

La ASF señaló que el crecimiento de las mipymes se concentró en los sectores tradicionales de la economía, en donde se genera poco valor agregado y la industria fue el sector con menos dinamismo en la generación de valor agregado, al reducir 11.9 puntos porcentuales su participación.

En materia de empleo, 40% del personal ocupado no es remunerado, y se concentra en las microempresas, bajo la forma de autoempleos. Asimismo, dos de cada tres microempresas son informales.

Además, cerca de la mitad de las empresas no se interesó por un crédito bancario, por lo que las cajas de ahorro y los proveedores se convirtieron en la segunda opción de financiamiento.

A lo anterior se suma la informalidad, principalmente en las microempresas. En este sentido, la Auditoría identificó que no se incluyeron medidas para que los beneficiarios dejaran la informalidad, esto debido a que los montos ofrecidos fueron menores a los otorgados por la banca tradicional e insuficiente para abrir un negocio.

Deficiencias en la gestión

Además el programa Microcréditos para el Bienestar presentó deficiencias e insuficiencias en su diseño, operación, seguimiento y evaluación, lo mismo ocurrió con la estrategia de apoyos económicos mediante los programas Fondo Nacional del Emprendedor, Proméxico y el Programa para la Productividad y Competitividad industrial, que al otorgar el financiamiento indirectamente no se contó con un número confiable de los beneficiarios atendidos.

La recomendación de la Auditoría es que la Secretaría de Economía, del Trabajo y Previsión Social, Comunicación y Transportes, la banca de desarrollo, entre otras dependencias, implementen una política pública diferenciada, que identifique las necesidades de las empresas, por tamaño y sector económico y genere acciones orientadas a impulsar la formalización legal de las mipymes.