Consejo Ciudadano teme que IFT revoque concesiones al Imer, si saca del aire sus estaciones

El Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, a ser sensibles ante la preocupante situación financiera que atraviesa el Imer, pues este medio público, el más grande del país por la cobertura que logran sus 18 estaciones análogas y digitales, está en riesgo de sacar del aire a varias de éstas y prescindir de 240 colaboradores.

El consejo, integrado por una docena de expertos en telecomunicaciones, radiodifusión y en defensoría de audiencias, recordó al gobierno federal que el Imer sufrió un recorte de 10.8% en su presupuesto del ejercicio de 2019, para quedarse con una bolsa de 159.2 millones de pesos, para ejercer en el año, 18.7 millones de pesos menos que el año anterior. Además, el 8 de mayo pasado la Secretaría de Hacienda aplicó una reserva presupuestal de 11.42 millones de pesos que en la práctica le impide a este grupo radiofónico acceder a esos recursos para pagar sueldos, comprar insumos básicos y para pagar cuotas sindicales, entre otros rubros, que ahora complican su operación diaria.

La situación financiera del Imer ya provocó que la Defensoría de las Audiencias del grupo perdiera a su titular, lo que pone al Imer en una posible vulneración a preceptos en la materia establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Los consejeros advirtieron que si el Imer saca del aire a sus estaciones, podría ocurrir que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como autoridad regulatoria sectorial, determine revocar concesiones de espectro de esas estaciones por incumplir con la legislación.

La ausencia de recursos impide al Imer cumplir con su misión de ofrecer un servicio público para la sociedad, con calidad de contenidos y acceso a todas las voces, garantizándose así el derecho a la libertad de expresión y de opinión; además, dijo el Consejo Ciudadano, existe el riesgo de que desaparezcan definitivamente espacios de critica cultural y programas de análisis y esparcimiento que no existen en la radio comercial.

“Este recorte presupuestario impactó rubros sustantivos para la operación de las 18 emisoras del IMER como la reducción para el pago de la energía eléctrica, entre otros (…) También sería necesario prescindir de los servicios de 185 personas entre conductores de noticias, periodistas, guionistas, productores y programadores; lo que redundaría en la supresión de la mayor parte de los contenidos del IMER, contraviniendo el marco legal de la radiodifusión de servicio público, los derechos de las audiencias y el derecho a la información de la sociedad”, escribió el Consejo Ciudadano del Imer en una carta.

El ajuste presupuestal, sumado a la reserva de 11.42 millones de pesos ejecutada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en mayo, significa un impacto de 30.12 millones de pesos que golpea la operación del Instituto, consideraron los firmantes.

El Consejo Ciudadano planteó que liberar los recursos  reservados por la SHCP desahogaría varios de los problemas del Imer, como por ejemplo, mantener el servicio de radiodifusión que presta para 30 millones de personas.

Y en lo referente a los insumos básicos, “debido a la falta de recursos en la partida correspondiente a combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo, las estaciones que sufren constantes apagones, quedarían fuera del aire, dado que sólo se cuenta con 16,000 pesos para la compra del diesel que permite el funcionamiento de las plantas emergentes de luz (…) El pago de la renta del espacio en el cerro del Chiquihuite, donde están las antenas transmisoras de FM, está cubierto hasta agosto, por lo que a partir de septiembre las estaciones de la Ciudad de México saldrían del aire”.

Los miembros del Consejo Ciudadano del Imer son:

• Jorge Bravo, director general de Digital Policy & Law Group.
• Alejandro Brito, director de organización civil Letra S, Cultura y Vida Cotidiana A.C.
• Ana Pecova, directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.
• Ana Saiz Valenzuela, directora General de Sin Fronteras IAP.
• Daniel Gimenez Cacho, actor y activista.
• Eduard Martin-Borregón, director de Datos, Periodismo y Tecnología en el Proyecto en Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
• Elizabeth Nochebuena, especialista en Televisión para niños y Medios Públicos.
• Juan M. Casanueva, director de SocialTIC.
• Justine Dupuy, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas de Fundar.
• Yolanda Meyenberg Leycegui, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
• Zenaida Pérez Gutiérrez, coordinadora del programa Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)