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Gobierno federal manda señales "muy graves" con nueva política eléctrica: Concamin

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales aplaudió la labor del Poder Judicial Federal, al admitir diversos amparos, interpuestos por algunas empresas afectadas por las normas administrativas emitidas por el Centro de Control de Energía.

Foto EE: Archivo

Foto EE: Archivo

Las "imposiciones" gubernamentales en materia energética para desplazar al sector privado en los proyectos eléctricos y alterar las leyes en la materia con argumentos equivocados mandan señales “muy graves” al exterior de que México “es un país donde no reina el estado de derecho”, acusó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El líder empresarial afirmó que la emisión de normas administrativas “inconscientes”, como las emitidas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en los últimos días puede afectar gravemente los flujos de inversión nacional y extranjera de los proyectos energéticos y otros sectores, justo cuando se enfrenta una crisis sanitaria y económica y en la que se requiere confianza e inversión.

“Es momento de consensos, no de imposiciones…”, estableció el líder empresarial.

“Ha sido muy lamentable conocer cómo las autoridades del sector eléctrico han causado una inquietud innecesaria no solamente entre los participantes nacionales del Sistema Eléctrico Nacional, sino también entre todos los posibles inversionistas nacionales y extranjeros, pues es muy grave mandar señales que hagan ver a México como  un país donde no reina el estado de derecho”, cuestionó Francisco Cervantes.

Al presentar el reporte Covid Industrial Concamin, el empresario aplaudió la labor del Poder Judicial, al admitir diversos amparos, interpuestos por algunas empresas afectadas, lo que trajo como consecuencia la suspensión provisional de los efectos de las disposiciones anunciadas en favor de las partes que lo interpusieron. Aunque, agregó, falta conocer si la suspensión es de carácter definitiva.

“Lamentamos que se procuren imponer disposiciones  que pudieron haber sido consultadas de manera pública para conocer su motivación y en su caso haberlas consensuado, nadie está en contra que el Estado cumpla con sus funciones constitucionales, pero como nunca nos queda claro que nadie está por encima de la ley, nadie tiene el derecho de actuar bajo ninguna pretensión fuera de la ley”, dijo Cervantes.

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