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Lanzan un plan piloto de desregulación
Desde el ámbito regulatorio y, para ello, ya se elaboran trajes a la medida de cada estado basado en su potencial de desarrollo y con acciones de corto plazo que permitan eliminar obstáculos.
El gobierno federal trabaja a marchas aceleradas con las nueve entidades federativas y sus municipios para mejorar la competitividad de México, desde el ámbito regulatorio y, para ello, ya se elaboran trajes a la medida de cada estado basado en su potencial de desarrollo y con acciones de corto plazo que permitan eliminar obstáculos.
La agenda de las acciones a mejorar será entregada en mayo próximo por la Consultoría Estrategia (C-estrategia), empresa integrada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y contratada para elaborar el proyecto de la regulación estatal, adelantó a El Economista su director general, Francisco Fernández-Castillo Garcés.
Como parte de lo pactado en el Proceso del Marco Regulatorio que encabeza la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se determinó crear un ambiente regulatorio con el fin de las necesidades de cada estado, para lo cual se procedió a iniciar un plan piloto con nueve entidades (Baja California, Colima, Jalisco, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán y Sinaloa) y un municipio de cada una de éstas, para revisar trámites e identificar mejoras.
Lo que le interesa al gobierno federal es entender, de todas las medidas de cada uno de los estados, cuál es la de mayor valor (competitivo para el país), lo cual permitirá no sólo atraer más inversiones, sino disminuir la informalidad , aseveró el Director de la firma en pro de la competitividad de México.
Burocracia, el reto
Éste es un proyecto contra la burocracia dirigido a todo tipo de empresas, aunque las más favorecidas serán la micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayoría en nuestro país, dijo.
La mayor queja de los empresarios nacionales y extranjeros en la constitución y operación de una empresa en México son los trámites y el resto de la regulación que implica llevarlo a cabo.
Por lo anterior, C-estrategia se ha dado a la tarea de trabajar en cuatro actividades: selección de trámites, identificación de mejoras necesarias, evaluación del costo-tiempo y beneficio, así como la agenda de mejoras priorizadas.
El proyecto inició en agosto del 2009 bajo la premisa de que no se compararía a los estados entre sí, sino se implementarían acciones que más convengan a cada uno. Por ejemplo: Jalisco, con alto contenido en electrónica, requiere de un marco regulatorio que comprenda al sector electrónico. Chiapas no es electrónico, sino que tiene una vocación netamente del ámbito agropecuario o agroindustrial, explicó Francisco Fernández-Castillo.
En este sentido, durante la primera actividad de selección de trámites se cuestionó a 5,184 empresarios de los nueve estados sobre qué es lo que les duele cuando se relacionan con el gobierno, cuándo hacen burocracia y qué es lo que afecta al desarrollo de su negocio.
La encuesta arrojó que obtener permisos de apertura, registro para licitaciones, entre otros, son algunas trabas que se padecen en el estado de Chiapas, aunque en otras entidades son otros, detalló.
Preparan mejora regulatoria
Actualmente, se trabaja con la OCDE y la empresa Goodrich para elaborar el catálogo de mejoras, posteriormente se revisará con los gobiernos e instancias, se realizará la estimación del costo beneficio y las medidas de corto plazo.
C-estrategia no dará recetas a los estados que lleven a cabo algo lineal ni listones imposibles de superar, sino una vez que se tengan los resultados se priorizarán las medidas con su impacto versus costo , especificó.
Inició en agosto del 2009
El ABC del plan piloto
Las empresas, especialmente las Mipymes, se enfrentan a la burocracia, lo que las orilla, en la mayoría de las ocasiones, a incorporarse al mercado informal.
En los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) persiste un exceso de trámites que implica costos y pérdida de tiempo.
El gobierno federal firmó un acuerdo con la OCDE para mejorar el marco regulatorio en México y aplicar las mejores prácticas que mejoren la competitividad.
El proyecto de las nueves entidades arrancó en agosto del 2009 y se tendrán resultados en mayo del 2010.
Los estados dentro del proyecto fueron los primeros que aceptaron participar.
El proyecto es financiado en 60% OCDE-SE y el resto lo absorben las entidades.
C-estrategia elabora el trabajo de campo.
lgonzalez@eleconomista.com.mx
