Leyes estatales fomentan colusión y corrupción en compras de gobierno

Las leyes actuales a nivel estatal -que datan del siglo pasado- para realizar compras públicas incitan a la colusión y la corrupción, lo que genera incertidumbre a los inversionistas nacionales o extranjeros, afirmó María Cristina Capelo, directora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación Económica del Centro de Investigaciones para el Desarrollo AC (CIDAC).

Tras un estudio realizado junto con Transparencia Mexicana, se demostró que las normas aplicadas en la ley de contrataciones públicas carecen de principios de competencia y legalidad, orillando a los proveedores a caer en irregularidades, donde no se ofrece calidad ni precio y, en cambio, las empresas pueden ponerse de acuerdo para vender a los gobiernos, dijo.

Hay muchas leyes (estatales) que tienen artículos que juntan a los proveedores en una misma adquisición para tener conversaciones y aclaraciones sobre los procesos y crean la cultura de ponerse de acuerdo entre ellos y eso es propiciar la colusión , precisó en entrevista.

Por ejemplo, si un gobierno requiere de lápices y existen dos oferentes, los cita el mismo día, les otorga 50% de las ventas a cada uno, sin importar el precio ni la calidad, lo que lleva a que una de las dos empresas suba su costo o baje la calidad, citó la investigadora.

Capelo explicó que países como Estados Unidos, Australia, incluso Colombia, introducen el principio de competencia y sancionan para no incurrir en dicha anomalía.

Proponen homologación

La Directora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación propuso homologar las normas a nivel federal y definir reglas con principios de competencia. La ley de contrataciones públicas debería de obligar a que el gobierno compre en condiciones competitivas, eficientes y en medir el valor de lo que se adquiere, abundó.

Capelo definió que el principio de la maximización del dinero deberá estar basado en cómo gastar el dinero público de la mejor manera, no sólo por el valor, sino por la calidad de un proveedor.

A nivel estatal estamos como se encontraba la Federación hace 50 años, muy pocos estados se han puesto las pilas para la transparencia y para ser competitivos. Lo que se crea es incertidumbre para las empresas y se termina por no entender las leyes, y se busquen arreglos informales , aseveró.

Esto es, si los requisitos no están bien delineados sin que discriminen, lo que se tiene son arreglos informales entre gobierno y proveedores para parchar la ley, lamentó.

lgonzalez@eleconomista.com.mx