¿Qué contempla el dictamen de la reforma eléctrica a analizar?

Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de Diputados aprobaron modificar el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; entre los cambios, se plantea fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda establecer un esquema tarifario de servicio público.

Con lo anterior, el proyecto de decreto que reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia eléctrica fue enviado al pleno de San Lázaro, para iniciar su votación y discusión en los próximos días.

En tanto, este lunes, las y los diputados integrantes de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, aceptaron las reservas presentadas por el diputado Ignacio Mier Velazco (Morena), al Artículo 28 constitucional, y los artículos transitorios: tercero fracción XII, Cuarto y Décimo, así como, la adición del artículo 4º Constitucional al proyecto de decreto, con lo que se modificó el dictamen enviado por el Ejecutivo federal.

Estas reservas, según lo expuesto por el también coordinador de Morena Ignacio Mier, se basaron en nueve de las 12 propuestas presentadas por la alianza Va por México. 

Entre las modificaciones destaca el establecer que el acceso a la energía eléctrica sea un derecho humano, ello al incluir un nuevo párrafo del Artículo 4º constitucional donde se garantice al menos cinco conceptos: uso, suministro, suficiencia, precios bajos y la electricidad como precondición para el goce de los derechos humanos.  

Asimismo, se propuso incorporar un décimo transitorio al proyecto de decreto, en el cual se indica que, a la entrada en vigor de este decreto, la CFE procederá a establecer un esquema tarifario de servicio público que permita reducir las tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua potable, de saneamiento y asimismo el servicio doméstico. Además de revisar las tarifas que corresponden a las instituciones de salud y educación.

Por otro lado, se modificó el transitorio cuarto del proyecto de dictamen para señalar que la CRE se debe fortalecer, en congruencia, se dijo, con lo aprobado en días pasados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desaparición de órganos

El cuarto transitorio del proyecto de decreto del Ejecutivo federal planteaba que los órganos reguladores coordinados en materia energética, Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE, se suprimen y su estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía, en lo que corresponda.

En el caso del artículo transitorio Tercero fracción XII, se propone la reformulación del modelo de los certificados de energía limpia, para alinearlo con los certificados internacionales. El proyecto del presidente López Obrador planteaba cancelar todos los certificados de energías limpias.

En su intervención, Ignacio Mier argumentó que estas modificaciones buscan garantizar el acceso a la energía eléctrica, y el costo más bajo posible al establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a precios más bajos y estables posibles, y con ello beneficiar a los 2,046 ayuntamientos.

Asimismo, sostuvo que quedará establecido que la tarifa de uso agrícola no tenga trato de uso industrial o general. Y que se garantice que las más de 134,000 sociedades de producción agrícola, a través de las cuales están organizado más de 5 millones de productores, campesinas y campesinos, se vea reducida la tarifa, bajo el argumento de que es un derecho humano la alimentación.

Además de que quedará explicito la reducción de la tarifa para los sistemas operadores de agua potable y los comités locales de agua potable; que actualmente están enfrentando un severo problema porque el recibo también viene considerado como tarifa industrial y no como una tarifa de servicio público.

Por otro lado, el morenista aseguró que el dictamen propone hacer una revisión integral de todos los contratos llamados legados para el caso de los productores de autoabasto, lo mismo para los productores independientes.

Así como abrir la oportunidad para que negocios y empresas más pequeñas puedan acceder al mercado eléctrico y sus beneficios con costos más bajos o energía limpia a través de permisos para la autogeneración y la generación distribuida pasen de 0.5 a 1 megawatt, lo que va a permitir que ayuntamientos, el sector social, comerciantes puedan generar su propia electricidad bajo el esquema de autoabasto o generación distribuida.

También se dijo que el proyecto reafirma y fortalece la rectoría al sector eléctrico, a través del Centro Nacional de Energía Eléctrica. Mientras que se busca fortalecer a la CFE para que sea el organismo público responsable del control del servicio de energía eléctrica.

Cabe señalar que el dictamen mantiene las propuestas del titular del Ejecutivo, como que la Comisión Federal de Electricidad manejará el 54% del mercado eléctrico del país, además de que deberá renovar maquinaria y equipo de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción del parque fotovoltaico de gran magnitud en el norte del estado de Sonora.

Mientras que el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, quienes participarán hasta en el 46% de la generación que requiera el país.

Asimismo, el Estado establecerá la transición energética utilizando todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, por lo que la CFE será la responsable de esta transición.

También se mantiene el texto que especifica que no se otorgarán concesiones sobre el litio y los minerales estratégicos necesarios, exceptuándose las concesiones mineras ya otorgadas en las que existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, al tiempo que serán área prioritaria del desarrollo las industrias requeridas para la transición energética.

Entre los artículos transitorios también se mantiene que los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución, una vez entrado en vigor el decreto.