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Urge recobrar la certeza jurídica para facilitar la inversión y recuperación de empleos: CEESP
De acuerdo con los analistas del sector privado, el gobierno de Andrés Manuel López en lugar de reorientar el gasto y sus acciones hacia la mitigación efectiva del problema sanitario y la recuperación pronta de la economía, se ha negado a incurrir en cualquier endeudamiento, que siendo prudente y con un plan sólido para hacer la deuda sostenible, podría ayudar a poner en marcha políticas para aliviar la situación.
Commuters walk along a platform at Retiro train station, during the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Buenos Aires
El repunte o “rebote” que presentó la actividad económica tras la reapertura paulatina por la Covid-19 se desvanece y los niveles vuelven al bajo dinamismo que tenía antes de la pandemia, con debilitamiento acumulado de más de un año, sostuvo el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que las expectativas económicas son de una recuperación lenta, de modo que lo más probable es que a fin de la década el ingreso per cápita sea menor al de 2018.
“El gobierno se niega a cambiar su estrategia original; el cierre de los fideicomisos parece originado por motivos políticos con una mayor discrecionalidad en el uso de los recursos; y la autoridad desestima las recomendaciones externas”, lamentó el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La contribución del gobierno federal para facilitar la inversión y el crecimiento en la situación actual ha sido “prácticamente nula”, argumentó.
De acuerdo con los analistas del sector privado, el gobierno de Andrés Manuel López en lugar de reorientar el gasto y sus acciones hacia la mitigación efectiva del problema sanitario y la recuperación pronta de la economía, se ha negado a incurrir en cualquier endeudamiento, que siendo prudente y con un plan sólido para hacer la deuda sostenible, podría ayudar a poner en marcha políticas para aliviar la situación.
Además, se han adoptado medidas que minan la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas, reprobó el CEESP.
En este contexto, las autoridades decidieron disolver 109 fideicomisos como medida para obtener recursos, con lo que presumiblemente el gobierno dispondrá de 68,478 mil millones de pesos. “Pero poco de este proceso está claro”, denunció el sector privado.
A decir de los empresarios, “es urgente recobrar la certeza jurídica a fin de facilitar la inversión, el crecimiento y la recuperación del empleo. Lo más preocupante puede ser el deterioro del mercado laboral”.
kg
