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Ve EU cuello de botella en legitimaciones de contratos laborales
El Comité Laboral de seguimiento a la reforma laboral en México también expresó su inquietud por la insuficiencia presupuestal para seguir implementando los cambios.
Las autoridades laborales mexicanas podrían quedar rebasadas en su capacidad de supervisión de las legitimaciones de contratos colectivos, a medida que se acerca la fecha límite para concluir con este proceso según lo comprometido por México en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), advirtieron la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) y el Departamento del Trabajo de ese país, en un reporte.
Antes del primero de mayo del 2023, deben quedar legitimados todos los contratos colectivos del país para mantenerse vigentes, de acuerdo con lo establecido en el T-MEC.
“Existe la preocupación de que el Gobierno de México no tenga la capacidad para adaptarse a un aumento potencial en las solicitudes de legitimación”, dijo en el documento el Comité Laboral Interinstitucional de Seguimiento y Fiscalización (Comité Laboral), que es copresidido por la USTR y el Departamento del Trabajo estadounidense.
El Comité Laboral se constituyó por mandato de la Ley de Implementación del T-MEC con el propósito de monitorear la implementación de la reforma laboral mexicana durante un período de cinco años a partir del 2020.
Tiene la obligación de reportar cada seis meses a los órganos legislativos de Estados Unidos sus hallazgos y el informe en comento abarca el período del 1 de enero al 17 de junio del 2022, tratándose ya del quinto reporte elaborado.
Durante ese lapso, se recoge que se han llevado a cabo 9,866 procesos de votación correspondientes a 4,794 contratos colectivos. De los contratos votados, 43 fueron rechazados y 454 están pendientes de verificación.
De acuerdo con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, las votaciones deben ser validadas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
De acuerdo con el reporte del Comité Laboral el ritmo de realización de procesos de legitimación de contratos se ralentizó durante la primera mitad del 2022.
De acuerdo con el gobierno mexicano, previo a la reforma laboral existían en el país 559,969 contratos colectivos registrados, de los cuales estima que sobrevivirán unos 15,000, pues el resto serían contratos conocidos como “de protección”.
El reporte del Comité Laboral consigna que las autoridades mexicanas prevén un incremento de los procesos de votación en los próximos meses, con lo que podrían contratar a un mayor número de inspectores laborales.
Sin embargo, al tratarse de contrataciones de última hora, existe la preocupación entre las partes interesadas sobre “la falta de capacidad de las autoridades laborales para investigar prácticas laborales injustas prácticas en torno a la legitimación de votos y para establecer sanciones o remedios distintos a un nuevo proceso de votación”.
El Comité Laboral expresa también preocupaciones sobre la escasez de fondos para implementar aspectos de la reforma de la ley laboral, al argumentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con la provisión de fondos que prometió en una carta de 2019 al presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal (D-MA).
El presupuesto de reforma laboral para el 2022 fue de unos 228 millones de dólares, esto es, 97 millones menos que lo prometido.