La libertad económica es esencial para el crecimiento de las empresas

Mucho se ha discutido el efecto que tiene el intervencionismo del Estado en la economía de un país, siendo tendencia relacionar a la libertad económica como un factor esencial de crecimiento.  

The Heritage Foundation se encarga de publicar anualmente un Índice de Libertad Económica (ILE), en el cual se asigna una calificación a cada uno de los países evaluados, a partir de diversos indicadores, como la integridad gubernamental, la efectividad judicial, las cargas fiscales, los gastos del gobierno, la desregulación, la libertad laboral, monetaria y apertura de mercados, incluyendo la libertad de inversión y de comercio.

En 2024, México se situó en el lugar 68 del ranking global y 14 del regional, con una calificación de 62.0, lo que lo ubica en una posición de "Moderadamente Libre", sin embargo, implicó un decrecimiento de 1.2 puntos en comparación con el año anterior. Entre las principales causas para asignar dicha calificación, se encuentra que el país tiene diversas áreas de oportunidad con respecto al Estado de Derecho, la efectividad judicial, la gran tasa de comercio informal y la protección a los derechos de propiedad privada; haciendo particular referencia a que, si bien México tiene una calificación por encima del promedio en diversas áreas y se permite la inversión extranjera, aún existen diversos sectores claves que se encuentran reservados a nacionales mexicanos o al propio Estado.

Si hacemos un análisis de otros países, por ejemplo, Suiza, catalogada como la segunda economía más libre del mundo, encontramos que dicho país cuenta con un sistema financiero robusto que permite el acceso a diversos instrumentos de crédito, así como una regulación transparente para los inversionistas y una alta efectividad judicial, debido a su integridad judicial, lo que impacta positivamente en su calificación.

Aterrizando estos indicadores al mercado mexicano, no es extraño que, al decidir efectuar una inversión en México, las empresas transnacionales tomen decisiones basadas en las consecuencias fiscales que esta trae aparejada, así como en las potenciales barreras regulatorias que existen para el giro mercantil en particular que buscan ejercer en territorio nacional.

Cabe recalcar que, en nuestro país, fiscalmente, se han hecho múltiples intentos por fomentar la formalidad comercial, al establecerse a lo largo del tiempo, diversos regímenes especiales que aplican tasas tributarias "preferenciales" a contribuyentes que cuenten con ciertas cualificaciones, con el fin de incentivar que se registren ante las autoridades fiscales y cumplan con las obligaciones en la materia.

La aplicación de tasas más bajas en la práctica profesional sí representa un estímulo para inversionistas extranjeros y pequeñas y medianas empresas, para colocar sus negocios en el país o para regularizar su situación tributaria, lo que, al final, se traduce en una mayor recaudación del Estado y naturalmente mayor inversión, que, en última instancia, se traduce en crecimiento económico.

También es claro que, al efectuar el análisis sobre la factibilidad de una inversión, el interesado considera los costos y beneficios que esta tiene. Por lo tanto, la desregulación y simplificación administrativa se traducen en un incentivo para las empresas de participar activamente en el mercado mexicano y en el aumento de la competitividad, lo que a su vez resulta también en la creación de empleos y la existencia de precios más competitivos.

Cabe señalar que estas ideas no son ajenas a las políticas públicas del gobierno en turno y pasados, ya que se han incorporado en los diversos apartados de sus respectivos Planes Nacionales de Desarrollo. No obstante, aún queda camino por recorrer. En materia tributaria, debido a que las tasas impositivas, incluso aquellas enfocadas a los comerciantes informales, aún representan un costo mayor para dichos comerciantes, que el potencial beneficio que recibirían por regularizar su situación fiscal, estos comerciantes deciden no regularizarse. En cuanto a las barreras de entrada para grandes transnacionales que buscan invertir en México, usualmente estas empresas cuentan con los recursos materiales, humanos y económicos suficientes para enfrentarlas y cumplirlas, cuestión que no se replica en el caso de pequeñas y medianas empresas, para quienes representan un mayor reto por la falta de elementos para materializarlas. Esto podría significar una menor participación y baja apertura del mercado, y hasta cierto grado, la falta de competencia en ciertas actividades, no por una cuestión de concentración o prácticas monopólicas entre los agentes económicos, sino porque de facto no todas las empresas estarían en condiciones óptimas de ingresar al mercado pretendido.

En resumen, la libertad económica se posiciona como un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de las empresas dentro de cualquier economía (i.e. menos impuestos, menos regulación, defensa de los derechos de propiedad, et.al.). El ejemplo de Suiza evidencia cómo un entorno regulatorio favorable, menores cargas tributarias, una efectividad judicial robusta y un sistema financiero accesible pueden impulsar significativamente la inversión y la competitividad en el mercado. En este campo, México enfrenta desafíos importantes, especialmente en términos de efectividad judicial y protección de los derechos de propiedad, que deben ser abordados para mejorar su posición frente a otros países, lo cual, está ya siendo analizado por el actual gobierno.

Los esfuerzos por fomentar la formalidad comercial a través de regímenes tributarios preferenciales y la simplificación administrativa son pasos en la dirección correcta. Po ello, es crucial que estas políticas sean implementadas de manera efectiva y que se continúe trabajando en la reducción de las barreras regulatorias, a efecto de facilitar la entrada de nuevas empresas, especialmente pequeñas y medianas, al mercado.

En última instancia, la creación de un entorno más libre y competitivo beneficiará a las empresas, y también resultará en una mayor generación de empleo y en precios más competitivos para los consumidores. Es imperativo que las políticas públicas continúen evolucionando para reflejar estas prioridades, garantizando así un desarrollo económico sostenible y equitativo para México.