A favor de los consumidores (sobre todo los más pobres)

Una familia, genéricamente, es una unidad económica compuesta por uno o varios miembros que destina recursos escasos (ingreso y tiempo) para producir dentro del hogar satisfactores finales que se producen con bienes adquiridos en el mercado. El objetivo último es, con esos bienes y servicios producidos en el seno hogareño, tratar de maximizar el nivel de bienestar conjunto de la unidad familiar. La familia tiene que decidir qué bienes y servicios y cuánto de ellos van adquirir, cuánto van a ahorrar o a endeudarse y, en caso de que los hubiera, cuánto van a invertir en el capital humano (alimentación, educación, salud y cultura) de los hijos.

A pesar de ello, muy poca atención se le da al hecho de que el objetivo de las políticas públicas tiene que ser el bienestar de los consumidores. No importa cuál sea la fuente de ingresos que una familia tenga (laboral, intereses, reparto de utilidades, transferencias gubernamentales), todos son, al final de cuentas, consumidores y el objetivo último es tratar de maximizar el nivel de bienestar individual y familiar que se deriva del consumo de bienes y servicios. Son varios los elementos que deben guiar una política pública enfocada hacia este objetivo.

Primero, el gobierno tiene que diseñar un marco institucional que promueva que los diferentes mercados operen en un contexto de competencia. Cuando esto así se da, se amplía el espectro de libertad que tienen las familias para decidir a quiénes les van a adquirir los bienes y servicios que van a consumir en función básicamente del precio y la calidad. Restricciones legales o regulatorias a la competencia reducen la libertad de elección y, más aún, derivan en una transferencia de rentas de los consumidores hacia los productores protegidos y aislados de potenciales competidores. La práctica de favorecer a los productores reduce, en consecuencia, el bienestar de los consumidores y, vale la pena señalar, esto afecta relativamente más a las familias de menores ingresos. Nada beneficiaría más a los pobres que garantizarles mercados que operen en competencia.

Segundo, tiene que haber estabilidad macroeconómica, entendida ésta como que la tasa de inflación sea muy baja y estable y de ahí que la política monetaria (en coordinación con la fiscal) debe tener como objetivo lograr tal estabilidad. La inflación es un impuesto expropiatorio de la riqueza de las familias, las cuales experimentan una pérdida de su bienestar. Y también, como sucede con la existencia de mercados no competitivos, el impuesto inflacionario es regresivo, afectando relativamente más a las familias de menores ingresos.

Tercero, en el diseño de las transferencias gubernamentales, tiene que garantizarse que éstas sean progresivas, es decir, que beneficien relativamente más a las familias de menores ingresos no sólo porque aumenta directamente su nivel de bienestar particular, sino porque el bienestar social también se incrementa con una distribución más equitativa del ingreso, lo cual se refuerza aún más con la garantía de mercados competitivos y estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

Cuarto, es necesario el diseño y puesta en práctica de una política enfocada en aumentar la conectividad dentro del país y con el exterior, tanto en transportes como en comunicaciones. Que las comunidades (pueblos y ciudades) estén eficientemente conectadas reduce los costos de transacción en la economía y hace más difícil la prevalencia de prácticas monopólicas locales, lo cual obviamente favorece a los consumidores en su conjunto y, relativamente más, a los de menores ingresos.

Y quinto, certeza jurídica para los empresarios, no porque se busque beneficiarlos a ellos, sino porque es el mínimo requisito necesario para impulsar la inversión, el crecimiento y el bienestar familiar, el bienestar de todos los consumidores.

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