Áreas naturales protegidas, realidad, frivolidad y abandono

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son el instrumento más trascendente de política ambiental. Representan lo más valioso del capital natural de la Nación. (Parques Nacionales y las Reservas de la Biósfera, aunque existen otras categorías). En México, se han decretado 226 ANP. A diferencia de otros países donde gran parte de las ANP son propiedad pública, en nuestro país, las ANP son en una abrumadora proporción, propiedad privada: ejidal, comunal o individual. Esto, como resultado de la Reforma Agraria del siglo XX que entregó más de la mitad del territorio nacional a 30 mil ejidos y comunidades. El Estado se quedó sin tierra, y perdió en los hechos la soberanía sobre el uso del territorio, lo que iría a complicar tremendamente las políticas de planeación, ordenamiento y regulación territorial, y de creación de bienes públicos en materia de biodiversidad, recursos naturales, y valores escénicos y paisajísticos. Los derechos de propiedad privada (ejidal y comunal, e individual) que incluyen la explotación de la tierra y sus recursos, quedaron enfrentados con el interés público de conservación, lo cual se hizo manifiesto desde el cardenismo, cuando Miguel Ángel de Quevedo promovía el decreto de Parques Nacionales, mientras el presidente Cárdenas los repartía. Todo se hizo más difícil y confuso cuando en 1983 se modificó el Artículo 115 Constitucional para otorgar todas las facultades de regulación territorial a los municipios, en detrimento de la federación y de entidades federativas. Este es el complejo contexto en el que se crean y manejan ANP en nuestro país.

Aún así, las ANP son verdaderas instituciones, sistemas de reglas de uso del territorio y de sus recursos y ecosistemas, fundamentadas en un Decreto Presidencial y desarrolladas en Programas de Manejo, que debieran ser ejecutados y operados, en teoría, por personal capacitado como directores, subdirectores y guardaparques, investigadores y promotores sociales. También en teoría, cada ANP debería poseer un presupuesto, un programa operativo anual, un Consejo Asesor conformado por ONG, universidades y otros centros académicos, y gobiernos estatales y municipales, así como autoridades ejidales y comunales, y organizaciones de productores, operadores turísticos, vigilantes, campesinos o pescadores. Y por supuesto, igualmente en teoría, deberían contar con equipamiento: vehículos, infraestructura, oficinas y laboratorios. Desde luego que también existen (en México ahora son mayoría) ANP “de papel”, es decir, que sólo cuentan con el Decreto Presidencial de su creación, y sólo eso. Carecen de presupuestos, programas de manejo, equipamiento y personal adecuado. (Y, aun así, son mejores que nada). México tiene el compromiso internacional de proteger al menos el 30% de su territorio terrestre y marino como ANP al año 2030. (Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU). Hoy está protegido como ANP sólo 11.5% del territorio terrestre, y 5% del mar patrimonial o Zona Económica Exclusiva. Obviamente, no sólo es importante decretar ANP sino también, destinarles suficiente presupuesto para su operación y manejo. En este sentido, ¿quién ha sido quién en las ANP en México?

Por superficie, y por mucho (aunque sólo fueron 5 decretos), el presidente que más superficie de ANP creó fue Peña, lo que se explica en gran parte por el formidable Parque Nacional de Revillagigedo (en el Pacífico Mexicano), con una gran calidad de conservación, al prohibir totalmente la pesca dentro de su polígono de casi 15 millones de hectáreas. (No tomamos en cuenta decretos marinos cosméticos que sólo “protegen” el mar a partir de grandes profundidades). Le siguen Salinas de Gortari con 21 decretos de ANP terrestres y marinas por un total de casi 5 millones de hectáreas; y López Portillo, con 22 decretos por 4 millones de hectáreas, todas ellas terrestres. (Miguel Alemán decretó 4 millones de hectáreas, pero en categorías que, en la práctica, no son relevantes). A continuación, aparece Ernesto Zedillo con 29 decretos por 3.4 millones de hectáreas terrestres y marinas, y luego Miguel de la Madrid con 3.2 millones de hectáreas terrestres y marinas. Por su lado, los presupuestos reales más altos para ANP se registraron con Felipe Calderón y Enrique Peña. En esos años el presupuesto era de más de 50 pesos por hectárea protegida al año.

Si nos atenemos al número de ANP decretadas, el gobierno del presidente López obtiene el primer lugar; pero no en superficie (3 millones de hectáreas). Lo anterior se debe a que este gobierno utilizó los decretos de ANP frívolamente como arma política para golpear opositores, como venganza personal, para inhibir proyectos (como el NAIM), y para encubrir sus propios proyectos depredadores (Tren Maya). Así, ha decretado 43 ANP, gran parte de ellas de apenas unas decenas de hectáreas (como cualquier parque urbano). Peor, le ha recortado brutalmente el presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que hoy tiene el presupuesto real más bajo desde el 2005: 17 pesos por hectárea al año. Por tanto, en la práctica, nuestras ANP están abandonadas. Esto es la realidad, la frivolidad y el abandono.

@g_quadri