Austeridad republicana

Viene el tsunami de la austeridad republicana.

Es una ola de gigantescas proporciones que busca reducir el nivel salarial y sacudirá a todo el aparato gubernamental.

En la intención de hacer realidad el Plan de Austeridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en la Cámara de Diputados están por “desempolvar” y votar la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional sobre remuneraciones de servidores públicos que obligaría a que nadie, en el gobierno, gane más que el Presidente de la República.

Es decir, ningún servidor público podría tener un salario superior al del próximo Presidente de México, que, ha dicho, ganará 108,000 pesos mensuales.

Y nadie se salvaría. Todos, desde los secretarios de Estado, hasta los integrantes de los órganos reguladores tendrían que ajustarse al nivel salarial máximo.

El recorte salarial vendría de arriba hacia abajo. Desde el Presidente de la República hasta los directores y jefes de departamento en las oficinas gubernamentales.

Todos verían reducir sus ingresos.

En Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera.

Angustia, el rostro

He tenido la oportunidad de platicar en confianza y fuera de grabación con varios comisionados de distintos órganos reguladores.

Omitiré sus nombres porque sus comentarios me los hicieron en términos confidenciales.

Y le puedo asegurar, amigo lector, que más allá de la compostura y tranquilidad que pretenden demostrar, el común denominador que encontré en sus rostros y expresiones sólo se puede describir con una palabra: angustia.

En principio mencionan su profunda vocación y compromiso con el servicio público.

Sus medallas académicas y sus trayectorias son impresionantes.

Y su honestidad intelectual está fuera de duda.

Debo aclarar que conversé con ellos en distintos momentos.

Todos coinciden en que la reducción salarial que se está planeando realizar en todo el gobierno los obligará a buscar otras alternativas.

Todos argumentan que son casados, tienen hijos y en la mayoría de los casos están en la curva ascendente de los gastos que implica pagar los estudios intermedios y superiores.

Capital humano, el valor

El recorte salarial —si se llega a aprobar, como parece ser— afectará a quienes toman decisiones muy importantes, en materia de deuda pública; a quienes luchan contra los monopolios; los que regulan y sancionan a los industriales del dinero; a quienes regulan a las poderosas empresas de telecomunicaciones y radiodifusión; a los que regulan a las corporaciones internacionales y nacionales de energía; a los que organizan las licitaciones petroleras; a los que dictan las reglas para el nuevo mercado eléctrico.

Son una gran cantidad de hombres y mujeres que en términos individuales tienen impresionantes currículas y notable experiencia.

Son quienes operan las instituciones gubernamentales y regulatorias y que en términos personales y en conjunto, como capital humano, tienen un enorme valor.

Incertidumbre

Por otra parte, prácticamente en todos los niveles administrativos y en todas las dependencias públicas hay preocupación e incertidumbre frente a la posibilidad de que les toque ser parte de la descentralización anunciada.

Y, en otros casos, hay quienes de plano tienen miedo porque, al calor de la fusión y extinción  de algunas dependencias gubernamentales, pudieran quedarse sin empleo.

Entre quienes hoy se desempeñan en las direcciones de comunicación social, están desolados por el anuncio de que desaparecerán esas oficinas.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en su gobierno se concentrará toda la comunicación social en una sola oficina. Afortunadamente, parece que el equipo del próximo gobierno ya está chocando con la realidad y ha comenzado a reconocer que la descentralización no se realizará de la noche a la mañana.

¿Machete o microcirugía?

En cuanto a la austeridad gubernamental, hay que decir que es un concepto que en términos generales todos aprobamos.

La pregunta es si en el objetivo de ahorrar, el recorte salarial debe aplicarse de manera general, sin distinciones.

El esfuerzo de austeridad, ¿debe realizarse con un machete?

O tendría que llevarse a cabo con una operación de microcirugía, que permita diferenciar la competencia y eficiencia de los servidores públicos.

¿Por qué aplicar el recorte sobre los que más ganan?

¿Por qué no aplicar el recorte sobre los menos eficientes?

¿Es una decisión política que busca satisfacer una oferta de campaña?

¿Es una decisión económica que busca maximizar recursos y eficientar procesos?

Veremos.

ATISBOS

ACOTACIÓN.- Vale la pena reconocer que Gonzalo Hernández Licona de Coneval hizo bien en salir a acotar en los medios de comunicación el enfoque que se le dio a sus declaraciones. Aclaró que reducir la pobreza no solamente es un tema del salario mínimo, sino un tema de crecimiento económico, de generación de empleos y de productividad. El aumento al salario mínimo es sólo una parte de la fórmula.