Celebremos el derecho a saber

El 28 de septiembre celebramos el día universal del derecho de acceso universal a la información conocido coloquialmente como el derecho a saber. Este día, en clave democrática, es relevante no sólo por el impacto en el desarrollo personal que implica este derecho, sino por la contribución que tiene para el desarrollo de las libertades informativas que vuelven exponenciales la participación ciudadana.

A partir de este derecho se han desarrollado otros que se articulan para un mejor ejercicio del mismo. En ese sentido encontramos algunos como el de acceso a la información pública, el derecho a la verdad, el derecho a la información o el derecho a acceder a la información que se tiene de uno en bases de datos siendo que, en todos estos casos encontramos posibilidades infinitas de mejorar la calidad de las personas y de la comunidad en la que vivimos.

Desde luego que el Estado Mexicano desde hace más de dos décadas ha tratado de armonizar su sistema de libertades informativas propiciando la incorporación del derecho de acceso a la información al sistema constitucional, empujando la famosa reforma de derechos humanos del 2011 y ciñéndose a estándares internacionales en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la misma.

A pesar de este camino de muchos años, aún los resultados del derecho de acceso a la información siguen siendo menores. Sólo por poner un ejemplo en un informe del Inai con corte al 26 de agosto del 2022 sólo encontramos que se han presentado 201,628 solicitudes de acceso a la información en lo que va del año. Ese dato puede interpretarse de diversas maneras, pero claramente nos deja ver un menor uso de una herramienta que está llamada a ser una de las más poderosas que el ciudadano tiene para poder tomar decisiones públicas.

Desafortunadamente los últimos años en nuestro país están significando un detrimento en la percepción que se tiene de este maravilloso derecho por parte del ciudadano. En primer lugar, es necesario destacar la constante amenaza que se lanza desde el Poder Ejecutivo al órgano garante de dicho derecho, por otro la oscuridad y falta de transparencia de algunos órganos del Estado en su toma de decisiones procurando exiliar la información de la discusión pública y reservándola para que nadie pueda conocerla y desde luego el desconocimiento de los datos propiciados por el mismo poder bajo el argumento “de los otros datos”.

En un sistema político que se encuentra en proceso de consolidación democrática los efectos antes descritos propician retrocesos los cuales impactan necesariamente en la forma en la que se construye el espacio y la opinión pública en términos de discusión, debate o interpretación del mismo condenándolo a su extinción. En otras palabras, si en vez de robustecer el derecho universal al acceso a la información lo debilitamos, no estamos hablando de una democracia sino de una dictadura.

Vale la pena también referir que los embates que sufre este derecho no son sólo institucionales o provenientes del poder público. Habría que preguntarnos como nosotros, en nuestra calidad de ciudadanos robustecemos, actualizamos, vivimos y ejercemos este derecho. Hoy fenómenos como la cultura de la cancelación, los fanatismos ideológicos o los efectos de la polarización y la segmentación en las redes sociales impactan negativamente en un flujo sano de la información que nos ayuda para la toma de decisiones públicas. Es por ello que valdría la pena, estimado lector, llevar a cabo un ejercicio de examen particular sobre nuestra relación con este derecho y si llegamos a la conclusión que lo hemos desdeñado, hemos contribuido a su menoscabo, deterioro y carencia de sentido tendríamos que repensar la ciudadanía que estamos construyendo. Debemos entender que los derechos y libertades que hemos ganado con el tiempo deben ser protegidos y garantizados por el Estado, pero vividos por el ciudadano.

La celebración a nivel internacional de este derecho no debe pasar desapercibida ni en el ámbito institucional ni en el ámbito ciudadano. En la medida que seamos conscientes de los efectos positivos del mismo es en la medida que lo defenderemos de sus detractores, de sus opositores y de todos aquellos que por miedo de perder el poder pretenden menoscabarlo. 

*El autor es Doctor en Derecho. Actualmente es director de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, fue director de la Licenciatura en Gobierno  de la Panamericana. Es integrante del Sistema Nacional del investigadores de México. Preside la Asociación Coorperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información. Autor, coautor y coordinador de 15 libros en materia de libertades informativas.