Compra pública, ¿oportunidad perdida?

La contratación pública es una actividad de gran relevancia económica. Se estima que las compras gubernamentales significaron en el 2018 al menos 120,000 millones de dólares. En cuanto a las compras efectuadas por el gobierno federal entre el 2016 y el 2018, de acuerdo con cifras de Compranet, 81% de la compra se realizó por la vía de la asignación directa, 7% mediante convocatorias restringidas y sólo 12% mediante procesos de licitación. Aparentemente, la situación no cambió en el 2019.

Esto ocurre, no obstante, que el Artículo 134 de la Constitución indica que los principios para ejercer los recursos económicos de la Federación, estados, municipios y la Ciudad de México son la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. El Estado debe emplear licitaciones públicas que le permitan obtener las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. En sus casi 27 años de existencia, la autoridad de competencia mexicana se ha ocupado en innumerables ocasiones del tema de la contratación pública. Particularmente ha sido activa en procedimientos de investigación por acuerdos entre competidores. La participación de la agencia, así como de la OCDE, llevó a la incorporación de mejores prácticas internacionales en el diseño de procedimientos de compra de medicamentos en el ámbito del IMSS, desde hace más de 10 años.

La incorporación de estos principios ha sido benéfica para el erario, aunque no ha estado exenta de problemas. Por ejemplo, se ha modificado la frecuencia de las compras como una forma de disuadir la colusión, pues es un hecho reconocido por la teoría económica que la mayor frecuencia de compras facilita la creación de mecanismos de segmentación entre las empresas.

Aunque la consolidación de compras puede ser efectiva para combatir la colusión, en ocasiones su adopción se ha realizado sin analizar sus repercusiones. La consolidación excesiva puede impedir a postores pequeños y medianos participar en los procesos de compra, pues en lo individual no alcanzan la escala requerida. Por ello, las disposiciones en materia de adquisiciones permiten la conformación de alianzas entre grupos. Así, se ha llegado a una situación paradójica: para combatir la colusión, se ha elevado la barrera de la escala; como hay el riesgo de baja participación, se han estimulado los acuerdos entre competidores.

Actualmente, hay una propuesta de reforma y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que se nutre de la experiencia en consolidación de compras y añade la centralización del proceso en la SHCP, que concentrará las decisiones estratégicas relacionadas con la planeación, establecimiento y conducción de la política de adquisiciones.

Este rediseño pretende resolver varias cuestiones, pues además del combate a la corrupción, pretende promover la participación de pequeñas y medianas empresas nacionales y fortalecer la proveeduría del extranjero. Estos objetivos parecen contrapuestos, pues la consolidación de compras dificultará la participación de oferentes pequeños y medianos, quienes carecen de la escala y mecanismos para distribuir en los puntos de consumo a nivel nacional. El riesgo es que las compras se concentren todavía más en algunos grupos. La centralización de las decisiones es otro riesgo. Si no se adoptan medidas para vincular las compras con las necesidades de las decisiones administrativas, se corre el riesgo de tener un sistema lento e ineficiente. La operación del sistema requerirá herramientas tecnológicas y personal capacitado para evitar que lo anterior ocurra. El debilitamiento presupuestal de la administración pública no parece abonar al logro del objetivo.

Algo curioso es que la propuesta establece que las dependencias deben abstenerse de adjudicar a sociedades formadas por el cónyuge, concubino, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, de servidores públicos designados por el presidente de la República. Si la reforma hubiera sido aprobada y fuera efectivamente aplicada, nos habríamos ahorrado la discusión de uno de los temas de coyuntura.

*Socio director de Ockham Economic Consulting, empresa de consultoría especializada en competencia económica, regulación y análisis de mercados.