Crisis en el campo mexicano, ¿la tormenta perfecta?

Los productores de maíz y trigo del Noroeste viven una crisis histórica, que no se acabará con la liberación del aeropuerto de Culiacán. Esto es una pausa para un problema que no hubiera ocurrido si los precios internacionales de los granos se hubieran mantenido, pero han bajado más de 20% en un año, y así, como cayeron los precios, ha caído el telón que ocultaba la vulnerabilidad actual del sector agropecuario mexicano. Esta situación no sería tan grave, quizá, si siguiera vigente el esquema de apoyo a los productores por parte del Gobierno Federal –que operó hasta el 2018– y que tenía como fin emplear coberturas de precios y esquemas de planeación para las cosechas a través de agricultura por contrato, como señaló Luis Miguel González. ¿Nos encontramos ante la presencia de elementos que, en conjunto, pudieran configurar una tormenta perfecta?

El maíz sigue siendo fundamental en la economía mexicana para el abasto alimentario, para la generación de empleo y para la contribución del país al comercio internacional. En 2022, la producción de maíz en México alcanzó los 27 millones de toneladas, mientras que las importaciones –principalmente de Estados Unidos– sumaron 17 millones, para un total de 44 millones de toneladas anuales. En cuanto a empleo, el sector genera empleos directos e indirectos en toda la cadena de valor a aproximadamente 4 millones de personas: agricultores, jornaleros, transportistas, molineros, productores de alimentos y vendedores. Aproximadamente 20% de la población mexicana vive en el campo, y, el valor de la producción de maíz, principalmente blanco, representa el 2.5% del PIB agrícola. Muy relevante también es la conexión que México tiene con el mercado internacional. No olvidemos que somos el séptimo productor de maíz a nivel mundial y el tercero en América Latina, después de Estados Unidos y Brasil. Por lo que, las implicaciones de esta crisis podrían ser múltiples. Veamos algunos elementos:

Recientemente, ante la caída de los precios internacionales, los grandes corporativos como Gruma, Cargill y Minsa compraron el grano al precio internacional (en el rango de 5,000-5,200 pesos por tonelada), en vez de adquirirlo al precio de garantía de casi 7,000 pesos por tonelada; cuestión que generó polémica a la que se sumaron actores políticos –como el gobernador de Sinaloa– que, en el discurso, optaron por acusar a las multinacionales de poco solidarias, e instaron a los campesinos a tomar sus instalaciones en protesta. Por otro lado, también faltó un liderazgo sólido e íntegro por parte del órgano de gobierno Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para respaldar a los campesinos en tiempo y forma.

Además, recordemos que entre las 20 iniciativas que los senadores del partido oficialista aprobaron el 20 de abril –ahora conocido como viernes negro–, sin presencia de la oposición, desapareció la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Rural), institución que fungía como prestamista de los agricultores desde hace 20 años, cuya disfuncionalidad resultó en este sexenio en un aumento en la cartera vencida de 67% y el deterioro de su índice de cobertura en 25 puntos porcentuales. El cierre de Financiera Rural dejó en el limbo a los productores del campo que hoy en día carecen de una palanca de financiamiento que les permita operar en el corto, mediano y largo plazo. Para tener una perspectiva de tal vacío, 80% de los 5.3 millones productores del sector primario son productores de pequeña escala que eran atendidos por Financiera Rural. En 2022, solo un 6% del total reportó haber obtenido un financiamiento.

Por si fuera poco, el Presidente López Obrador anunció, esta semana, dos medidas más: la primera, que se firmará próximamente un acuerdo para que todas las tortillerías del país sólo usen maíz blanco para su producción, la segunda, que el gobierno federal impondrá aranceles a la importación del maíz blanco transgénico. Ante la primera cuestión, destaca la reacción del ex secretario de economía Ildefonso Guajardo, quien señaló que en ese ámbito no observa contingencias dado que el país es autosuficiente. Pero, ante la segunda cuestión, anticipó, con mucha razón, el peligro que implica detonar un nuevo conflicto en el comercio internacional. Veamos.

López Obrador propone iniciar investigaciones a través de las autoridades de salud contra el maíz blanco por razones fitosanitarias para detener la importación del producto. El desacuerdo entre México y Estados Unidos viene desde el 31 de diciembre de 2020 cuando el gobierno mexicano decretó la prohibición del intercambio comercial y del consumo humano de maíz transgénico. Cabe señalar que el maíz amarillo se usa, sobre todo, para la alimentación del ganado, pero entre 16 y 21% es consumido por humanos. México es deficitario en maíz amarillo, el cual importa principalmente de los graneros de Estados Unidos; en 2021, importamos 16.8 millones de toneladas por un valor de 4700 millones de dólares. Por eso, para el gobierno estadounidense, la falta de justificación científica de la prohibición del maíz genéticamente modificado es grave, y más cuando la medida contradice las disposiciones del T-MEC contenidas en su Capítulo 9 que establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio de mercancías debe estar científicamente justificada, lo cual no ha sido subsanado por México, aunque argumente que el maíz genéticamente modificado daña la salud.

Por lo anterior, el 30 de enero de 2023 el gobierno de Estados Unidos envió una solicitud formal a México para que explicara las razones para la implementación de dichas medidas restrictivas y corrigiera la falta de argumentos basados en la ciencia para sostener que el maíz transgénico es nocivo para la salud. México realizó, en respuesta, algunas modificaciones al decreto, sin embargo, fueron insuficientes. Posteriormente y hasta ahora, se han sostenido conversaciones entre ambas autoridades sin lograr resultados positivos. Esto podría llevar a México a paneles arbitrales, que de resultar desfavorables para México, podrían tener como consecuencia la imposición de cuotas compensatorias a exportaciones agrícolas y agroindustria que realiza México, por ejemplo, al aguacate. Además, también estaría en peligro la continuidad de la importación de maíz amarillo, y con ello el abasto con serias consecuencias inflacionarias y afectación en el sector ganadero. De octubre 2021 a septiembre 2022, la oferta de maíz amarillo en México ascendió a 22 millones 190 mil toneladas, de la cual el 75% fue de origen importado. De ese tamaño es la posible tormenta.

Si bien los asuntos fitosanitarios están plenamente contemplados en los mecanismos de resolución de controversias del T-MEC y de la Organización Mundial del Comercio, desde el punto de vista legal, las acciones del gobierno mexicano sin fundamento científico podrían interpretarse como abuso de poder por utilizar facultades legales del Estado mexicano para fines distintos a los que están previstos en la Ley y en el tratado. El gobierno de Estados Unidos ya había anticipado este escenario cuando la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos solicitó en marzo pasado consultas técnicas al gobierno de México bajo el Capítulo 9 del T-MEC. Sin embargo, ya son casi cuatro meses en los que el gobierno mexicano ha insistido, y no solamente ha reiterado su posición, ¡ha redoblado la apuesta con sus más recientes medidas! No es correcto impulsar políticas públicas que contradigan las obligaciones estipuladas en los acuerdos comerciales. Primero, porque repercuten en la competitividad del país al obstaculizar el funcionamiento de los tratados y el aprovechamiento de las facilidades al comercio que ofrecen. Segundo, porque generan efectos adversos en los mercados. Para finalmente, nunca resolver los verdaderos problemas. Esto es, la tormenta perfecta...

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.