Cultura de la legalidad y combate a la corrupción

El Congreso de la Unión analiza la reconversión de la PGR en un órgano autónomo constitucional, denominado Fiscalía General de la República, que incluirá una fiscalía especializada en el combate a delitos de los servidores públicos federales.

El perfeccionamiento de las instituciones democráticas, la prevención del delito y el combate a la corrupción dependen de una cultura de la legalidad que se base en el respeto estricto al régimen de Derecho, a partir de la plena corresponsabilidad ciudadana. Será la educación el factor que, en la formación de las niñas y los niños, haga del nuestro un auténtico país de leyes; donde los ciudadanos participen en los asuntos de interés general y las autoridades rindan cuentas del ejercicio de sus mandatos. Gobierno abierto y cercano, transparencia y evaluación del desempeño gubernamental. Sólo así tendremos una sociedad sólida y servidores públicos entregados a la tarea de fortalecer a la nación, en garantizar el bienestar de las familias y la igualdad de oportunidades.

Éstos son algunos de los retos de la Secretaría de la Función Pública, desafíos a enfrentar en el esfuerzo por mover a México, tal como lo sostiene el presidente Enrique Peña Nieto.

En la actualidad, el Congreso de la Unión analiza y discute la reconversión de la Procuraduría General de la República en un órgano autónomo constitucional, denominado Fiscalía General de la República, que incluirá una fiscalía especializada en el combate a delitos de los servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones. Mientras, la Secretaría de la Función Pública está cumpliendo cabalmente con las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo segundo transitorio del decreto modificatorio de la citada norma, donde se dispone que en tanto se expidan y entren en vigor las disposiciones que refuerzan la lucha anticorrupción en el Estado mexicano, la dependencia continuará ejerciendo las atribuciones que tiene conferidas por mandato jurídico.

Esta reingeniería de concepciones y procesos brindará un apoyo significativo a las instancias dedicadas a la fiscalización y el control, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y las contralorías internas de los órganos constitucionalmente autónomos. Derivado de este nuevo marco de actuación, las autoridades y los ciudadanos estaremos en condición de presentar denuncias ante una instancia absolutamente independiente, fuera del Poder Ejecutivo federal.

La Secretaría de la Función Pública en el primer semestre del 2014 ha sancionado a 8,791 servidores públicos; mientras que durante el mismo lapso, pero del ejercicio 2011, fueron sancionados 3,889 funcionarios; en el 2012 la cifra fue de 4,284 servidores públicos y en el 2013 de 4,564 empleados públicos. Durante este mismo periodo se han realizado 1,539 auditorías de las 3,187 programadas; cumpliéndose con el calendario y brindándose seguridad y certidumbre a la ciudadanía en materia de ejercicio de recursos fiscales, públicos, que interesan a la sociedad en su conjunto. Convencidos de la necesidad de objetivar la gestión pública, mejorando sus procesos, así como la obtención de resultados, hemos impulsado muchas y muy diversas acciones, de distinto calado y alcance. Entre ellas, la recuperación en lo que va de la administración de más de 6, 114.6 millones de pesos, la puesta en funcionamiento de un número telefónico 01-800 para captar las denuncias de los ciudadanos de todo el país; la simplificación de procedimientos, que van desde la participación en licitaciones hasta la presentación de las declaraciones patrimoniales o la obtención de constancias de no inhabilitación; e incluso se encuentra en proceso de incorporar dentro del portal de CompraNet un sitio donde empresarios, proveedores y contratistas puedan presentar denuncias en línea.

De esta forma, la Secretaría de la Función Pública asume su responsabilidad y refrenda su compromiso de conciliar eficacia y eficiencia con transparencia y rendición de cuentas.

*El autor es subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones ?Públicas de la Secretaría de la Función Pública.