¿Dónde está el manifiesto?

En México, la incompetencia y la opacidad de las autoridades no son novedad. El caso reciente que involucra el vuelo que el jueves pasado llevó a Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Güero Moreno Guzmán López de nuestro país a Estados Unidos es una muestra clara de esta realidad.

Este lunes, en otro intento de aparentar transparencia, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando la ruta del vuelo que trasladó a los narcotraficantes, así como la identidad del piloto. Ayer, Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR en Sonora, anunció que se está integrando la carpeta de investigación correspondiente y que se busca confirmar si el avión despegó de Hermosillo, pero que la información proporcionada por el gobierno de EU ha sido vaga y limitada.

Sin embargo, si consideramos el historial de nuestras autoridades para ocultar información bajo el pretexto de confidencialidad, lo dicho por ambos parece más un gesto simbólico que una acción real. Los mexicanos merecemos que estas investigaciones arrojen resultados concretos y no, como tantas veces antes, queden en simples promesas vacías.

Las autoridades han señalado que el vuelo salió del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, pero los detalles siguen siendo nebulosos. Se habla de un avión Beechcraft King Air, que aparentemente tenía una matrícula falsa o carecía de esta, mientras que inicialmente se mencionó un CESSNA 205. ¿Cómo pueden las autoridades ser tan contradictorias y desorganizadas en un caso de tal magnitud?

Mientras tanto, las respuestas claras y transparentes brillan por su ausencia. Pero una pregunta clave es: ¿dónde está el manifiesto de pasajeros de ese vuelo?

La normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es clara: todos los vuelos que despegan de o aterrizan en un aeropuerto del país, incluyendo los privados, deben entregar un manifiesto de carga y pasajeros a dicha dirección, al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). Entonces, ¿cómo es posible que en un vuelo de tal relevancia, involucrando a dos de los narcotraficantes más buscados, no se tenga claridad sobre este manifiesto? Las leyes estadounidenses también lo exigen.

La FGR, el INM, la DGAC y la ANAM están obligados a dar una explicación coherente y transparente. Si el manifiesto existe, ¿por qué no se ha presentado públicamente? Y si no existe, ¿quién falló en exigirlo y por qué?

Las sanciones por no presentar este documento son severas, y con razón. Diversas leyes y reglamentos contemplan multas, suspensión de operaciones, revocación de permisos e incluso prisión para quienes incumplan con estas normativas. Sin embargo, parece que cuando se trata de figuras de alto perfil como el Mayo y Güero Moreno, las reglas se vuelven difusas y flexibles.

No debe permitirse que las autoridades operen con tanta negligencia y opacidad. Los millones de mexicanos que durante décadas hemos sufrido en diversos grados los nocivos efectos de la delincuencia organizada exigimos respuestas claras y contundentes, saber quiénes son los responsables de este desorden y qué medidas se tomarán para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

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