El presidente

En cualquier régimen democrático el presidente encabeza siempre la campaña para apoyar la continuidad de su gobierno ya sea con él mismo, o con quien sea el sucesor designado por su propio partido. La transición democrática mexicana obligaba al primer mandatario a renunciar a ese privilegio debido al enorme poderío que, desde el cargo, le permitía con su palabra echar a andar la maquinaria electoral con recursos lícitos e ilícitos en un esquema de necesaria reducción de los privilegios presidenciales.

Pero no fue sino hasta 2007, después de un cuestionado proceso electoral, que se tomó la decisión legislativa de callarle la boca al presidente en turno durante la temporada de competencia por los votos. La reforma de ese año puso un sinnúmero de trabas para intentar impedir la participación del Ejecutivo, así como el financiamiento de las campañas proveniente del sector privado. Sin embargo, esto último no fue materialmente posible, inaugurando así la época del dinero clandestino a carretadas durante las elecciones.

La demanda de evitar la intervención presidencial provino de López Obrador y su entonces partido en un intento de evitar lo que consideraban intromisiones ilegítimas. Una vez obtenido el triunfo en el 2018 este argumento desapareció para ser sustituido por el ahora legítimo derecho de réplica por parte de AMLO en cualquier momento y contra cualquier persona que considere su adversario o enemigo declarado.

La decisión del INE de intentar impedirle al presidente seguir dirigiendo la campaña de su partido se basa en una legislación electoral restrictiva y absurda. El problema es que se trata de una ley vigente que López Obrador no está dispuesto a acatar invocando la libertad de expresión como valor superior. Lo que anteriormente debía ser una obligación para un juego democrático equitativo, hoy se define como una mordaza que el caudillo no está dispuesto a usar.

En otro momento la resolución del INE y del Tribunal Electoral hubiera sido suficiente para disuadir al presidente de seguir metido de lleno en la disputa por la sucesión. Pero la reconcentración del poder en la persona de AMLO ha hecho imposible la aplicación de la ley en lo que atañe a sus limitaciones constitucionales. López Obrador sabe que el único riesgo que corre es que la elección presidencial sea anulada y por ello el intento de que la simulación de las precampañas sea lo suficientemente precisa para poder evadir así la norma jurídica establecida.

Pero la incapacidad de contenerse por parte de Andrés Manuel abre la puerta a una confrontación directa entre las autoridades electorales y el presidente en caso de que el resultado de junio próximo le sea adverso. Se trata de una u otra forma de mantenerse en el poder más allá del 2024.