El tema Aeroméxico-Delta, las políticas públicas y los órganos autónomos

La decisión preliminar del Departamento de Transporte de los Estados Unidos difundida el pasado viernes 26, en el sentido de desechar una solicitud de Delta y Aeroméxico para que les renovara o prorrogara el estatus conocido en la jerga legal de aquel país como la “inmunidad antimonopolio”, que les otorgó en diciembre de 2016 después de un complicado proceso de revisión de documentos, argumentos de las partes peticionarias, así como también de sus competidores, también de autoridades mexicanas adscritas al Poder Ejecutivo, como la Dirección General de Aviación Civil o el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de manera señalada, un reporte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), resulta muy oportuna frente a la discusión alrededor de la intención del presidente López Obrador para desaparecer los órganos autónomos, entre los que ha señalado a la Cofece.

Sabemos que el lunes próximo el presidente presentará finalmente las diversas iniciativas que tanto ha venido machacando en las semanas recientes, incluyendo la relativa a su obsesión para desaparecer los órganos autónomos, y que como advertí en mi colaboración del pasado 16 de enero, es simplemente una maniobra política presidencial, del eterno candidato, para fijar los términos de la conversación pública de cara al inicio del proceso electoral, el próximo 1 de marzo. Una celada electorera pues.

En el caso de la inmunidad antimonopolio que Delta y Aeroméxico buscaban renovar, destacan los argumentos del Departamento de Transporte de EUA que indican que su decisión tiene que ver con el hecho de que el gobierno de México recientemente ha llevado a cabo acciones que han eliminado un prerrequisito central para el otorgamiento de la inmunidad solicitada: la instrumentación efectiva de un acuerdo de transporte aéreo completamente liberalizado.

Las decisiones a las que se refiere el Departamento de Transporte de EUA son decisiones administrativas, como la de obligar a que todas las operaciones de carga fueran trasladadas al AIFA, o la reducción de operaciones en el AICM. A ello habría que agregar los cambios a la legislación que fueron aprobados en aquel viernes negro en el Senado, que introdujeron disposiciones que anulan las condiciones de competencia en el mercado mexicano, pues se otorgaron ventajas indebidas a empresas propiedad del Estado, frente a operadores privados, tanto de aerolíneas como de aeropuertos.

En ese contexto, es cuando debería florecer la sensatez, y reconocer el por qué resulta fundamental contar con autoridades reguladoras, autónomas de los tres poderes de la Unión, para que puedan llevar a cabo investigaciones y adoptar decisiones sin las presiones de un presidente que está obsesionado con aquel viejo regimen basado en decisiones discrecionales, al capricho del presidente en turno o de alguno de sus secretarios de Estado.

Al mismo tiempo, es de destacarse cómo en su decisión de 2016, el Departamento de Transporte de EUA citó de manera reiterada un reporte de Cofece, que no es otra cosa que el Dictamen Preliminar de la Autoridad Investigadora de ese órgano autónomo resultado de una investigación de oficio iniciada en 2015 sobre “el mercado de la provisión de los servicios de transporte aéreo que utilizan el Aeropuerto (el AICM) para sus procedimientos de aterrizaje y/o despegue”.

Ahora bien, en la decisión de 2024, la que desecha la posibilidad de una prórroga de la inmunidad antimonopolio, destaca un hecho notorio: que el rechazo del gobierno de EUA no tiene que ver con conductas anticompetitivas de Delta o Aeroméxico, mas bien está motivada por las decisiones del gobierno de México que están deteriorando el clima de competencia.

Imagínense si a eso le sumamos el desmantelamiento de las instituciones que se crearon para eliminar la discrecionalidad, las decisiones motivadas por caprichos electorales, pero sobretodo, para generar predictibilidad en las decisiones y por tanto certidumbre para los inversionistas, y con ello, generar condiciones para propiciar crecimiento económico.

Mientras tanto, Cofece debe acreditar la importancia de su autonomía, con decisiones oportunas y consistentes. Como lo fue en el caso del análisis de los servicios aéreos, y como ahora lo debería ser con el caso que lleva contra Google por sus prácticas anticompetitivas en el mercado de publicidad digital.

*El autor es economista.

@GerardoFloresR