Fiscalías implosionadas III: ante la ley

El paro nacional iniciado por integrantes del Poder Judicial Federal en distintas sedes es un llamado urgente a la sociedad para frenar la propuesta de reforma judicial del Ejecutivo. Como maquinaria destructiva, ésta atenta contra la carrera profesional de miles de personas honestas y comprometidas, contra nuestro derecho a una justicia imparcial, contra la división de poderes. Pese a evidencias y argumentos de expertos,  muchos confunden el trabajo del PJF con el de las fiscalías o el de los jueces locales, muchos repiten la consigna de que el PJF entero es corrupto.

Ahora que, con una mayoría congresista cortesana, se pretende imponer al vapor y desde el dogma una reforma judicial sin diagnóstico previo, hay que recordar que, por simulación y negligencia, este gobierno ha debilitado o aplazado políticas públicas urgentes como la  prevención de la violencia, la reforma carcelaria, la reforma estructural de las fiscalías. Como gobiernos anteriores, ha incumplido recomendaciones de la Corte IDH para mejorar la justicia: capacitar policías y funcionarios públicos, eliminar la prisión preventiva oficiosa o crear una base nacional de ADN que permita correlacionar datos de personas desaparecidas con los de restos encontrados en fosas.

Si se buscara, como dicen, garantizar el acceso a la justicia, ¿no habría sido más efectivo empezar por el primer espacio de (in)justicia, instrumentar un diagnóstico de las fiscalías que permitiera determinar con claridad sus fallas, fortalezas y necesidades para luego proponer cambios de fondo? Si  esto se hiciera, como ha planteado Irma Saucedo, en cinco años podría contarse con un diagnóstico y una propuesta de reestructuración sólidos, con una aproximación a las deficiencias de la judicialización en primera instancia. Podría iniciarse como proyecto piloto en la capital y luego replicarse en los estados, sugiere. Por desgracia, “esto es un sueño”. Pocos gobiernos apuestan por proyectos sin vistosos resultados inmediatos.

Si, como es probable, el próximo gobierno mantiene la política de simulación que ha favorecido la persistencia de la impunidad, el manejo político de las fiscalías y la implosión de la procuración de justicia, traicionará, como éste, los principios elementales de la justicia social que dice defender: quienes más padecen y padecerán por las deficiencias y vicios de las fiscalías son quienes van a denunciar un delito, en particular las mujeres y niñas víctimas de violación y las familias de personas desaparecidas, y quienes son injustamente acusados.

La situación ya insostenible en fiscalías y cárceles no podrá sino empeorar con la reforma judicial propuesta que, como han planteado Saucedo y otras voces expertas, no va a facilitar el acceso a la justicia. Si no pueden cruzar la puerta de entrada o si  se empantanan en un proceso hecho para agotarlas, las víctimas corren el riesgo de morir, como el campesino de Kafka en “Ante la ley”, sin haber percibido siquiera la luz de la Justicia, desgracia que ya ha caído sobre madres buscadoras que por años la buscaron.

El desdén con que el gobierno trata al PJF es el mismo con que ignora a las madres buscadoras, incansables entre fosas o plantadas en torno a la bandera en el zócalo. Las denostaciones varían, no la animadversión contra quienes recurrieron al paro judicial,  contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, contra quienes defienden nuestro derecho a la información. El Supremo Ejecutivo prefiere negar la realidad, acallar voces críticas,  descalificar las luchas democráticas ciudadanas, anular la defensa de los derechos humanos. Asegura que ama al  “Pueblo” pero permite que bandas delincuenciales aterroricen a poblados enteros en Chiapas, aunque sus violencias sean comparables con crímenes de guerra: secuestros masivos, desplazamiento forzado, violaciones, asesinatos…

Si no cambia el rumbo, si se aprueban el desmantelamiento y subasta “popular” del PJF, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la militarización a ultranza y la anexión de organismos autónomos, nuestros derechos, libertades y aspiraciones democráticas estarán en grave riesgo. ¿Cómo nos defenderemos entonces?