Impugnación ambiental al muro fronterizo de Trump

Cierto que antes de la firma del nuevo TLCAN no es conveniente entrar en una nueva polémica (en este caso ambiental y legal) con el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, México no puede soslayar la ignominia que significa el proyecto de construir un muro fronterizo. Y está cada vez más cerca, después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara 1,600 millones de dólares para empezar su construcción. Cierto es también que se trata de una decisión soberana interna del país vecino, y que pretender influir en ello de manera torpe y directa podría resultar riesgoso y contraproducente. Sin embargo, siendo el muro un humillante embate contra México y contra la buena relación que debiera existir entre los dos países, no debemos permanecer resignados ante el atropello.

Hay vías técnicas, legales y mediáticas para impugnarlo y restarle legitimidad y racionalidad, e incluso para avergonzar a la opinión pública. Una de ellas es el ataque legal desde una perspectiva ambiental. El muro es una amenaza contra la integridad ecológica de ecosistemas fronterizos, protegidos por leyes nacionales y por acuerdos y tratados bilaterales, como es el caso del propio acuerdo paralelo ambiental del TLCAN y el Tratado de Aguas y Límites de 1944.

Si el muro se construye fracturará ecosistemas, poblaciones y comunidades. La riqueza biológica de la frontera sufrirá impactos irreversibles, desde el matorral tamaulipeco, hasta el desierto sonorense y de Chihuahua, pasando por las imponentes Áreas Naturales Protegidas de El Pinacate, Maderas del Carmen, Cañón de Santa Helena y el Parque Nacional Big Bend en Texas. Los grandes mamíferos en peligro verán cercenados sus hábitats, y con ello se magnificará el riesgo de extinción de poblaciones fronterizas por depresión genética, como ocurrirá con jaguares, osos negros, ocelotes, y lobos mexicanos. La interrupción en el flujo biológico significará que especies polinizadoras y propagadoras de semillas y germoplasma no podrán asegurar la reproducción y supervivencia de muchas especies vegetales. Con el muro y con los caminos paralelos a ambos lados, y con otra infraestructura inducida, serán bloqueados corredores migratorios críticos y ecosistemas esenciales quedarán fragmentados y aislados. Tengamos en cuenta que en la frontera existen al menos 89 especies de fauna amenazadas o en peligro, y que más de 100 especies de aves migratorias serán afectadas directamente por la destrucción de su hábitat. Diversos refugios de vida silvestre y tierras de conservación a lo largo del Río Bravo (Río Grande) serán seccionados y profundamente impactados, además de cancelarse el acceso público y con ello una floreciente industria ecoturística.

Más aún, como el muro no podría ser construido sobre las riberas o planicies de inundación del Río Bravo, tendrá que replegarse a gran distancia de la ribera, lo que destruirá importantes ecosistemas de vegetación riparia, e impedirá el acceso al agua del río a muchísimas especies que lo requieren. Si el muro se construye plegado a la ribera del Río Bravo afectará su dinámica hidrológica al operar como dique de contención generando inundaciones del lado mexicano.

Como agravante mayor, Donald Trump ha decidido exentar la construcción del muro de las leyes y regulaciones ambientales aplicables en Estados Unidos, en particular del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y de la Ley de Especies Amenazadas o en Peligro (Endangered Species Act). Esto representa un ostensible pisoteo del propio Estado de Derecho norteamericano.

Es muy claro el profundo trastorno ecológico que significará la construcción del muro. Es por ello que diversas organizaciones en Estados Unidos han emprendido procesos legales para impugnarlo e impedir su construcción. México debe sumarse, y explorar seriamente distintas opciones de impugnación en el andamiaje jurídico que ordena y regula la relación bilateral y en la frontera.