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Infonavit: patrones incumplidos
Como lo había anticipado hace casi 10 días el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso extendió por un mes más el plazo para que las empresas con esquemas de subcontratación cumplan con las reglas de la reforma en la materia que entró en vigor el 24 de abril pasado.
Se hizo como lo dijo el Presidente de la República, aunque tuvo la cortesía de advertir que sería el Congreso quien tomaría la decisión.
Lo único que se les atravesó fue el vergonzoso capítulo de los legisladores: Saúl Huerta y Mauricio Toledo, a los que buscan desaforar y por el cual no se pudo realizar inicialmente el periodo extraordinario.
Pero al final el plazo se extendió sólo por un mes como lo adelantó el Jefe del Ejecutivo durante su conferencia mañanera.
Más vale un mes que nada, dijo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar quien se había pronunciado igual que otros empresarios porque la ampliación del plazo fuera por cinco meses.
La legisladora panista Kenia López Rabadán autora de la iniciativa para que el plazo fuera hasta el 31 de diciembre del 2021, aseguró que será muy difícil que los empresarios puedan cumplir, sólo en un mes, con los requisitos.
Dudo que las entidades gubernamentales -dijo- tengan la capacidad para realizar el proceso con el nuevo plazo.
Extraoficialmente se supo que la principal opositora a la extensión del plazo por más de un mes fue la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro.
En la IP, el cuello de botella
El director del Infonavit, Carlos Martínez, aseguró que las irregularidades que traían los patrones por lo menos desde el año 2018, son las que han generado la percepción de “cuello de botella”.
Según el funcionario, el Infonavit ha recibido, a la fecha, 43 mil 03 registros para el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y de ellos, el organismo, ha dado opinión positiva a 27 mil 690 y negativa a 16 mil 313; de estos, ya se regularizaron 6 mil 717 que, representan el 40%.
Las marcas de adeudo -refiere Martínez- no solo se resuelven con pago de cuotas que, a la fecha han representado 150 millones de pesos adicionales para el Infonavit, más conciliaciones del pasado que suman 600 millones de pesos; también hay que resolver inconsistencias de días laborales y el tipo de salarios registrados que datan desde el 2014.
Desde hace algunas semanas la Secretaría del Trabajo e Infonavit llegaron a un acuerdo con el que decidieron que es suficiente la opinión positiva del SAT e IMSS.
Y en el caso del Infonavit, si hubiera incumplimiento, el promovente tiene 60 días para aclarar su situación, pero no se le negará el registro. Infonavit ha contribuido a no ser obstáculo para el registro, pero sí se busca que las empresas estén obligadas a regularizarse, advirtió Martínez.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó este sábado en el Diario Oficial de la Federación, en una edición vespertina, las reformas al periodo de transición avaladas por el Congreso de la Unión la noche de este viernes.
La titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, vía twitter afirmó que esta ampliación del plazo permitirá a las empresas concluir el proceso de regularización por el cual 2.3 millones de trabajadores ya han sido beneficiados.Ahora la fecha límite es el 1 de septiembre. A partir de ese día formalmente la subcontratación de personal será considerada como defraudación fiscal.
La nueva Ley de Outsourcing fue consensada por el gobierno y los empresarios; su aplicación beneficiará a alrededor de 4 millones de trabajadores que serán reconocidos formalmente y tendrán beneficios económicos; los patrones tendrán que cumplir, sin subterfugios, y quienes no lo hagan serán sancionados por defraudación fiscal.
Lo que sí hay es una evidente discriminación de la iniciativa privada, respecto del gobierno y sus entidades que tienen hasta el próximo año para cumplir.
Ya veremos si efectivamente un mes resulta suficiente o no. O si era solo una estrategia de dilación empresarial. Al tiempo.
