La Suprema

En un régimen democrático el papel de los jueces es determinante para dar certeza a los ciudadanos en general y de esta manera hacer realidad la aplicación de las leyes y por lo tanto la convivencia social. El sistema Judicial es aquel en donde las resoluciones tomadas por el Ejecutivo y el Legislativo se convierten en parte de la cotidianidad, lo que permite medir la calidad de vida de aquellos países que, asumiéndose como democráticos, cumplen o no con la aplicación de la norma.

En este sentido, México no ha sido nunca un espacio territorial donde la cultura de la legalidad haya sido tomada en serio por gobernantes y gobernados. Ni la herencia hispana ni tampoco la influencia liberal llegaron a convertir a la nación mexicana en un conjunto social sometido a leyes que se aplicaran a todos en todo momento.

Ni siquiera la transición democrática iniciada a mediados de los noventas abrió el camino para el reforzamiento de la legalidad como forma de vida diaria. La independencia de la Suprema Corte de Justicia del Poder Ejecutivo ocurrida en ese periodo, no permeó al resto de la estructura judicial a pesar de haberse dado el gran paso del sistema penal inquisitivo al acusatorio. La transparencia en los altos niveles –Suprema Corte– frente a la opacidad en los juzgados de distrito y de circuito y demás órganos del aparato legal, nos hablan de dos mundos radicalmente distintos en el México de hoy.

Y es en esta realidad tan diferente entre sí, que un gobierno tan centralista como el de la 4T no se pudo dar el lujo de permitir dejar el cabo suelto de la Suprema Corte como organismo autónomo. Su capacidad de contener el abuso de poder proveniente desde los otros dos poderes es visto por los autoritarios como una amenaza a su visión totalitaria del Estado mexicano.

Por ello el nombramiento de una de militante de partido como Lenia Batres, enfrentada ahora al resto del cuerpo profesional de aquellos y aquellas no dispuestos a someterse a la voluntad presidencial ni a renunciar al cargo a cambio de un posible puesto en la siguiente administración. Por supuesto que falta mucho para conciliar el nivel de los miembros de la Suprema con el resto del sistema judicial, pero no es anulando su independencia como esto se lograría.

En todo caso la regresión autoritaria que se pretende instrumentar en la Corte con designaciones eminentemente políticas supone más el retorno a la justicia del presidencialismo absoluto que un intento por modernizar el sistema jurídico mexicano. Se trata de acabar con la independencia de la Suprema a través del nombramiento de personas sin conocimientos ni voluntad propia.

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