La diplomacia frente a las armas de EU

Hace rato que la política exterior mexicana tiene una finalidad clara, de importancia estratégica para el país y la región. Se construyen mecanismos de apoyo y diálogo con América Latina, área en la que nuestra nación tiene una responsabilidad ineludible y que requiere de nuevos esquemas de cooperación. Recientemente, la Cancillería  promovió una demanda contra las principales empresas fabricantes de armas en Estados Unidos por realizar prácticas que facilitan su tráfico y uso ilegal en México. En la misma se solicita una compensación económica por el daño causado al país por el hecho de que más de dos millones y medio de armas hayan cruzado la frontera sin autorización.

Anteriormente, el gobierno mexicano solamente se quejaba de dichas prácticas, ahora se actúa por la vía legal. En el ámbito político, los términos de la discusión se llevan al terreno correcto, se deja en claro que el país que realmente está pagando los costos de la guerra contra las drogas es México, porque no existe control alguno del tráfico de armas desde Estados Unidos. De hecho, las empresas armamentistas promueven de manera directa su uso ilegal, plasman imágenes y mensajes en las propias armas que aluden al narco y trabajan con distribuidores especializados en proveer de ellas al crimen en México, sin ser sujetos de investigaciones en los Estados Unidos.

Ioan Grillo, colaborador del NYT y autor de un celebrado libro sobre tráfico de armas, señala que, de manera increíble, no existe una ley federal en los Estados Unidos que prohíba de manera específica el tráfico de armas. Afirma que ese es el motor de los asesinatos en ambos lados de la frontera y que es parte esencial de la operación del narco, que cuenta con una logística que sirve para llevar drogas a Estados Unidos y luego para traer armas a México. Grillo señala que el presidente Biden debería de empujar la aprobación de la legislación para establecer controles en la compra masiva de armas. Una iniciativa bipartidista, por cierto, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, solo falta que se discuta en el senado.

Grillo cita encuestas en las que se encuentra que ese tipo de controles son apoyados por la mayoría de la población. Álvaro Santos, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, me comentó que este tipo de demandas efectivamente pone a la defensiva a Estados Unidos en la agenda de seguridad y es especialmente pertinente en un momento de debilidad de la Asociación Nacional del Rifle, que se encuentra en banca rota, enfrenta demandas muy serias y no es especialmente popular en un gobierno demócrata. Algo similar declaró Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond, al NYT, quien piensa que la demanda es muy contundente en sus argumentos y en los casos que se citan para documentar el daño al país, será de gran ayuda para impulsar una mejor legislación de control de armas en Estados Unidos.

En realidad, la propia Casa Blanca se ha pronunciado por reformar las leyes que protegen a los productores de armas de no hacerse responsables de promover su uso por parte del crimen organizado, de acuerdo con lo declarado por Michael Gwin, un vocero de la presidencia, como reacción a la iniciativa del gobierno mexicano.

La demanda abre en Estados Unidos una oportunidad para llamar a cuentas a los productores de armas por los abusos cometidos, que sirven para incrementar el nivel de la violencia en los dos países, pero, sobre todo, ayuda a impulsar las iniciativas de ese país para regular el comercio de armas. Es una iniciativa que no ha pasado desapercibida en los Estados Unidos, y que cuenta con el apoyo de actores locales, como Jonathan Lowy, presidente del Consejo del Brady Center to Prevent Gun Violence y es asesorada por Hilliard Shadowen, un importante despacho legal de acciones colectivas. Esto es, sin contramatar al gobierno norteamericano, México actúa para tener influencia en la agenda del vecino país, en favor de nuestros intereses.

Twitter: @vidallerenas