La narrativa del nearshoring se derrumbó ¿qué hacer?

Volver a mencionar la bomba de tiempo que AMLO deja a la presidenta electa ya no tiene tanto sentido, y sobre los efectos de la reforma judicial en la confianza en México basta con leer las noticias y las reacciones de nuestros socios e inversionistas.

El gobierno entrante se enfrenta a una coyuntura más que compleja. Para empezar, la economía no va bien. Si no es que ya estamos en ciclo recesivo, es claro que estamos ante una desaceleración evidente; cada semana las señales son más claras. Esta semana fueron los datos de consumo e inversión y como comentaba la semana pasada, la parte anecdótica es aún peor. Por la parte fiscal, en estas páginas, plumas más elocuentes han descrito la bomba de tiempo que le espera al próximo gobierno. Los datos duros lo muestran y será una realidad que enfrentará la nueva administración.

Pero lo más preocupante no es esto, sino que la narrativa del nearshoring —que se había vendido como la salvación del país— parece estarse derrumbando. Más allá de una realidad concreta, esta narrativa se creó a partir de ciertos indicadores positivos como ocupación, absorción y tarifas en parques industriales, y anuncios espectaculares. Qué debería considerarse como nearshoring no estaba a discusión. Si Tesla era nearshoring o no —yo siempre pensé que no— o si los proyectos de LNG para sacar el gas de EU hacia otros mercados dadas las restricciones del gobierno de Biden lo eran o no, etc. El problema de crear esta narrativa a partir de este castillo de naipes es que se derrumba fácilmente. Hoy, los anuncios de suspensión o pausa de Tesla y BYD, sumados a los reportes negativos sobre México por el Plan C, cambiaron radicalmente la historia hacia afuera.

La gran interrogante es qué puede hacer el gobierno que toma posesión en menos de un mes.

Ante la inminente bomba fiscal, solo quedan dos opciones: el nuevo gobierno cumple su promesa de un recorte al gasto público de 3% del PIB, disipando cualquier duda sobre una recesión el próximo año, o incumple, poniendo en riesgo la calificación crediticia y su credibilidad ante los mercados y calificadoras. Ninguna opción es óptima, pero alguno de los dos caminos tendrá que tomar. Será importante comunicar de forma clara cuál de las dos cucharadas amargas elegimos.

Lo más relevante en estos momentos debe ser cómo darle la vuelta a la sensación que está creando la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos y la reforma sobre Pemex y CFE.

El próximo gobierno debe aclarar en blanco y negro el papel que espera del sector privado en el sector energético y bajo qué esquemas. Es fundamental dar certidumbre sobre el respeto a los contratos existentes, especialmente con los contratos legados en autoabasto y productores independientes. A esto habría que sumar el anuncio, que ya se había contemplado, del paquete de inversiones en infraestructura crítica y de nuevo, definir el rol de los privados en él. Pero lo más importante es dar certeza y garantías sobre el nuevo sistema de justicia que esperan implementar.

Obviamente lo ideal sería que estas reformas no pasarán. Pero pensar eso a estas alturas es ser iluso, son un hecho consumado con el que el país y los actores económicos deberán aprender a vivir. Por el momento, hay más dudas que respuestas y abundan las preocupaciones. Habrá que ser muy imaginativos y actuar muy rápido si quieren revertir la narrativa que hoy rodea a México. De lo contrario, estaremos ante el inicio de otro sexenio con malos resultados económicos.