La revancha de Amado Yáñez

De bajo perfil, Amado Yáñez Osuna ahora dedica su tiempo a fortalecer su salud —diariamente practica tenis en un club, con un exdeportista olímpico— y poner nuevamente a flote a Oceanografía, la naviera que su padre fundó en 1968 y que fue asegurada por la PGR a mediados del sexenio peñista.

En su brazo izquierdo, el empresario aún porta el reloj AP que en sus épocas de bonanza recogió en la manufactura de Le Brassus, en Suiza. Y ahora también lleva permanentemente el brazalete que permite a las autoridades judiciales saber su ubicación, en tiempo real. El artefacto le fue colocado hace casi cinco años, cuando salió del Reclusorio Sur, tras pagar una fianza.

Desde su aprehensión, en octubre del 2014, el socio mayoritario de Oceanografía había acumulado pérdidas por 1,000 millones de dólares. La empresa había entrado a concurso mercantil. Parecía el final de una vorágine que puso a la principal naviera de América Latina al borde de la quiebra.

A finales del sexenio calderonista, la empresa de Yáñez Osuna y Martín Díaz tenía 75 embarcaciones desplegadas en la Sonda de Campeche, para uso exclusivo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Pero del Pacto por México nació la reforma energética de la administración peñista. Y el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, había recibido instrucciones precisas para sumar al negocio... a otros jugadores.

Al arranque del sexenio peñista, Oceanografía vivía una fase de expansión: había invertido 250 millones de dólares en la adquisición del OS Goliath y estaba por comprar la flota de CAL Dive International Inc. —compuesta por embarcaciones abastecedoras de origen noruego que se encontraban en Brasil— para tener capacidad de cumplir con los 42 contratos activos que había suscrito con Pemex y su filial, PEP.

En todos los casos, esos se administraban bajo la celebración de cesiones de derecho al cobro a favor de CitiBanamex y/o Banamex Factoraje, al amparo de un contrato regulador suscrito en septiembre del 2012. Con ese soporte Oceanografía manejaba ventas anuales por 1,000 millones de dólares y contaba con ofertas de compra y capitalización por 2,650 millones de dólares.

Un año después, Yáñez Osuna recibía presiones para dejar Oceanografía en manos extrañas. Aaron Omar Olvera Monroy, Fabián Narváez Tovar y Arturo Herníquez Autrey habían sido los heraldos de propuestas indecorosas, cuya autoría atribuyó a Lozoya Austin. Primero fue el diezmo —20% del monto de los contratos que tenía asignados y también de los que estaban en ejecución— y después, su incorporación a la compra de la nueva flota y finalmente, la cesión de 90% de las acciones de la empresa.

“Era la única opción disponible, si es que quería evitar que la empresa se viera afectada”, le habría dicho Henríquez Autrey en Miami, a finales del 2013. “No accedí porque lo que pedían era algo irrisorio, imposible de cumplir”.

Entonces había iniciado una auditoría a 29 contratos que derivó en una sanción contra Oceanografía: su inhabilitación para contratar con Pemex entre febrero del 2014 y noviembre del 2015, además de una multa económica. Ese fue el inicio de una espiral de eventos desafortunados, que llevaron a Yáñez Osuna al Reclusorio y a la naviera, al borde de la quiebra.

Entonces Banamex fungía como fiduciario de todas las cesiones de derechos de los contratos de Oceanografía con Pemex. El supuesto desvío de recursos denunciado por Banamex no ha sido soportado (sic) al igual que el quebranto que acusa haber sufrido, mismo que registró en sus estados de resultados fiscales del ejercicio 2013.

Durante el periodo que estuvo vigente dicho contrato regulador, la institución bancaria habría recibido —según Yáñez Osuna— 2,500 millones de pesos pero en febrero del 2014, sus abogados presentaron la denuncia que derivó en un engorroso juicio civil que desde entonces se desahoga en la Ciudad de México.

Han pasado ocho años. Banamex no ha logrado demostrar la deuda que reclamó inicialmente y ahora que anunció su venta, un magistrado de la Ciudad de México ha dictado medidas cautelares.

Se estima el quebranto en Oceanografía de aproximadamente 30,000 millones de pesos solo por las operaciones relacionadas con Banamex, sin considerar los daños sufridos por la falta de operación y cumplimiento de los contratos que tenía suscritos con Pemex, así como las responsabilidades de la empresa con sus acreedores, principalmente inversionistas extranjeros, armadores y operadores de barcos a nivel internacional.

Ese colectivo también emprendió acciones legales contra Banamex por el daño ocasionado hace ocho años y amagan con más recursos, que les permitan contar con garantías de que los adeudos que tiene la institución serán cubiertos antes de la venta del banco mexicano.

En algunas esferas de la 4T corre el rumor de que Emilio Lozoya estaría dispuesto a declarar en contra del extitular de Hacienda, Luis Videgaray, así como contra Citi, ya que lo habrían obligado a instrumentar la quiebra de Oceanografía para entregárselo a un grupo empresarial cercano al también excanciller.

Efectos secundarios

APUESTAS. Queda una semana para que expire el plazo y el pleno Congreso del Estado de México vote el Presupuesto de Egresos presentado por el gobernador priista, Alfredo Del Mazo, que contiene la solicitud de un techo de endeudamiento por 9,500 millones de pesos, denegada por la mayoría morenista. Esos recursos —según el proyecto elaborado por el secretario estatal de finanzas, Rodrigo Jarque— financiarán las obras viales para conectar al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Quedan 53 días para la inauguración de esa mega obra de la Cuarta Transformación y ya no queda tiempo para especulaciones o cálculos políticos. Habrá noticias positivas en breve...

CONECTADOS. Con una inversión de 110 millones de pesos arrancará el Plan Integral de Conectividad para Guerrero, que busca mitigar los bajos niveles de penetración de internet en aquella entidad del sureste mexicano. American Tower México quedará a cargo del desarrollo y la infraestructura de telecomunicaciones. El convenio se traducirá en la instalación de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, como son torres, postes y fibra óptica, que habilitarán más conectividad en municipios de vocación turística como Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Zihuatanejo.