La transparencia no se dice, se demuestra

El día 7 de agosto de 2024, cuando escribo esto, Claudia Sheinbaum declaro que la transparencia no requiere de grandes organismos, refiriéndose a la posible extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai). Basta, dijo, con comprometerse con ella. Quizá piensa en el sistema estadounidense y su Freedom of Information Act, que da derecho a cualquier ciudadano a solicitar acceso a registros o información del gobierno federal. Si la agencia a la que se le solicita información no cumple con la solicitud,  el ciudadano puede apelar ante la propia agencia y, en caso de que se le niegue la información, luego puede acudir a un juicio. Es decir, claro que hay mecanismos para “comprometerse” con la transparencia sin organismos como el Inai (ojo, el Instituto también se dedica a otras cosas). 

El asunto es que para creerle que sostendrá dicho compromiso tendría que comportarse de forma muy distinta a la de López Obrador, hoy día es complicado darle fe a su dicho, después de lo visto (las vacantes en el Inai, que no pudo sesionar por meses, por ejemplo). Hay más: Animal Político reporta lo siguiente: “mientras los sujetos obligados por ley a responder las solicitudes de información recibieron 42 mil 631 impugnaciones por sus respuestas en el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el gobierno de López Obrador recibió 82 mil 147, un alza de 92%, según datos del Inai”. Además, sigue el reportaje: “[aumentaron] los recursos que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia contra resoluciones del Inai que ordenaban entrega de información: hasta ahora la Consejería ha interpuesto este recurso en 100 ocasiones pues considera que son asuntos de “seguridad nacional”. Es decir: litigan por no dar información, lo contrario a tener un compromiso con la transparencia.

Recordemos que los sujetos obligados pueden no responder solicitudes de información si los asuntos son clasificados como de seguridad nacional, esta clasificación debe ser aceptada por el comité de transparencia de la dependencia; el solicitante puede impugnarla en el Inai. La revisión por un ente autónomo es paso es central pues , por lo visto, si fuera por los comités de transparencia de las dependencias federales todo sería declarado de seguridad nacional y por lo tanto legítimo su ocultamiento.

Por más que López Obrador se comprometió con la transparencia, en noviembre de 2021 publicó un decreto donde: “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. Entre otras pretensiones, con dicho decreto haría de seguridad nacional y, por lo tanto, no obligados a dar información, todos los proyectos a cargo del Gobierno en los rubros nombrados (casi todos). La Suprema Corte de Justicia invalidó el decreto, lo que causó la furia de López Obrador.

En fin, es cierto que bastaría con dependencias que transparentaran los datos de interés público que se les solicitaran, como dice Sheinbaum, pero es inverosímil su compromiso con transparentarlos, los hechos nos muestran que es parte de un régimen opaco. 

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