Las candidatas proponen mejorar la vida de las mujeres, ¿quién paga?

Aunque las campañas políticas se centran en persuadir y prometer, el exceso de promesas incumplidas socava la democracia al minar la confianza de los votantes en la clase política, y aumentar la sensación de distanciamiento entre candidatos y electores. Durante este sexenio, se observaron claras interrupciones en programas que fomentaban la participación de las mujeres en el mercado laboral. Por lo tanto, en el contexto de las promesas de campaña presidencial, y con dos candidatas mujeres en escena, la viabilidad de sus promesas adquiere una importancia especial. Es evidente que, simplemente por ser mujeres, el incumplimiento de estas promesas podría llevarlas a un descrédito peligroso.

Según el análisis del voto en 2018 realizado por el INE, con base en los resultados de las estimaciones muestrales, 62.3% del electorado acudió a emitir su voto en el 2018. El estudio confirma que las mujeres votan más que los hombres, 66.2% contra 58.1%. Asimismo, las mujeres de 50 años y más de secciones no urbanas son el subgrupo de electores con mayor participación, mientras que los grupos de mujeres entre 45 y 64 años a nivel nacional registraron 75% de participación en la elección. Entonces, nadie puede negar que el voto femenino es crucial para la elección.

Vayamos a las propuestas:

Por un lado, Claudia Sheinbaum ha presentado varias iniciativas entre las que destacan la implementación de un programa de apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años, programas específicos para la salud materna y los primeros mil días de vida, con el objetivo de prevenir enfermedades crónico degenerativas y promover hábitos saludables. Sheinbaum también se compromete a impulsar la igualdad de género mediante reformas legales para garantizar gabinetes paritarios y promete terminar con la brecha salarial, la creación de refugios seguros para víctimas de violencia de género –cancelados, por cierto en esta administración–, y la promoción de la salud sexual y reproductiva. Además, propone fortalecer el IMSS, el ISSSTE y consolidar el IMSS Bienestar, así como la implementación de un programa de prevención primaria en salud, y la construcción de consultorios familiares.

Por otro lado, Xóchitl Gálvez presenta una serie de propuestas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y el empoderamiento de las mujeres en el país. Destaca la instrumentación del Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de liberar a las mujeres del rol tradicional de cuidadoras y permitirles integrarse plenamente al ámbito laboral. Además, propone fortalecer las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo como centros de aprendizaje y convivencia, así como la creación del Programa Nacional de Apoyo a las Mujeres y Madres Trabajadoras, que incluirá transferencias económicas para mujeres en situación de vulnerabilidad. Gálvez también enfatiza la importancia de implementar políticas públicas para erradicar el acoso y el hostigamiento laboral, así como también promete garantizar la igualdad salarial y el acceso equitativo a oportunidades educativas y laborales.

Las propuestas de ambas candidatas para mejorar la situación de las mujeres muestran un escaso contraste, ya que ambas apuntan a objetivos similares. Claudia destaca la restauración de programas cancelados por el presidente López Obrador, lo que refleja una aceptación de errores y un intento de reconectar con votantes desilusionadas. Por otro lado, Xóchitl Gálvez plantea soluciones similares, pero sugiere un mayor involucramiento de la sociedad civil a través de redes de apoyo para las mujeres. Dada la similitud de las propuestas, es importante examinar tres áreas en las que la viabilidad sería altamente deseable pero desafiante, especialmente en un contexto de finanzas públicas deficitarias. Se proyecta que las necesidades de financiamiento del gasto público superarán el 5% del PIB, niveles no vistos en 36 años, lo que limitará los recursos disponibles para sectores críticos como la salud y la educación debido al aumento de las prioridades para el pago de intereses por la deuda pública.

Primero, hay que destacar que el crecimiento del déficit presupuestario se atribuye a diversos factores, como la menor recaudación de impuestos y la falta de una reforma tributaria. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, destaca que implementar un Sistema Nacional de Cuidados requeriría una inversión significativa, estimada entre el 1.2% y el 1.4% del PIB, pero actualmente carece de respaldo presupuestario.

La relevancia de esta propuesta, presente en el programa de ambas candidatas, radica en su impacto en el cuidado de las familias, una responsabilidad que, al recaer principalmente en las mujeres, limita su participación plena en el mercado laboral y afecta aspectos fundamentales como el acceso a la vivienda y una pensión digna. A pesar de su importancia, la propuesta de reforma constitucional y legal para financiar este sistema, actualmente se encuentra estancada en el Senado de la República, sugiere un modelo tripartito de contribución con aportaciones de empresas, empleados y gobierno. Sin embargo, ninguna de las candidatas ha abordado hasta ahora su posición sobre este esquema de financiamiento en sus programas, tampoco propone una alternativa.

Aunque no hay un modelo de sistema de salud que sea considerado el mejor en la región, las candidatas podrían tomar como referentes algunos modelos que expertos identifican como exitosos, entre otros, el de Chile, Costa Rica y Uruguay, que si bien no son perfectos, presentan esquemas novedosos de financiamiento. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el Sistema Nacional de Cuidados se financia a través de diversos mecanismos, incluidos impuestos especiales, asignaciones familiares y un impuesto del 5% sobre los salarios.

Segundo, sobre la brecha salarial. El reconocimiento del derecho a la igualdad salarial no es una novedad. La Organización Internacional del Trabajo lo estableció en 1919, destacando el papel del trabajo femenino en todos los ámbitos de la producción durante el siglo XX. En México, este principio fue aprobado por el Senado en 2021, al reformar 13 leyes que marcaron un hito histórico hacia la igualdad de género; sin embargo, la reforma permanece estancada en el Congreso Federal desde hace tres años, sin que existan verdaderos incentivos para aprobarla. De nuevo, ambas candidatas proponen acabar con la disparidad salarial y reconocer el valor equitativo del trabajo, pero omiten señalar que esto ya lleva avance en el Congreso. La brecha salarial en México, que oscila entre el 18% y el 35%, es mayor que en muchos países en desarrollo. ¿Cómo piensan lograr combatirla? No lo sabemos.

La nivelación salarial entre hombres y mujeres en México no sólo sería un logro en términos de equidad de género, sino que también podría beneficiar significativamente la hacienda pública. Un estudio reveló que la contribución individual de las mujeres al sistema fiscal es inferior a la de los hombres, lo que sugiere un potencial sin explotar en términos de recaudación de impuestos. Tras una modificación en la metodología de estimación de la recaudación de impuestos, se encontró que la recaudación per cápita mensual de las mujeres es, en promedio, un 21.4% menor que la de los hombres, lo que resalta una disparidad notable en los ingresos entre ambos géneros. Si se lograra nivelar los salarios entre hombres y mujeres, esta brecha podría cerrarse, lo que conduciría a una mayor contribución al sistema fiscal por parte de las mujeres y, en consecuencia, a una mejora en las finanzas públicas. Por lo tanto, es esencial que las candidatas presenten propuestas concretas sobre cómo planean abordar esta disparidad salarial.

Tercero, respecto de la violencia contra las mujeres, las propuestas de las candidatas no pueden omitir incluir iniciativas, simplemente porque en México, la violencia contra las mujeres persiste como una problemática alarmante que afecta a una gran cantidad de mujeres cada año, según datos del INEGI del 2023, un preocupante 70.1% de mujeres de 15 años en adelante han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de sus vidas, siendo la violencia psicológica la más común con un 51.6%, seguida por la violencia sexual con un 49.7%, la violencia física con un 34.7%, y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación con un 27.4%.

El estudio de Leticia Vénica de la UNAM es revelador, los costos económicos de la violencia familiar consideran el uso de servicios gubernamentales, la pérdida de productividad e ingresos, y los costos emocionales y humanos sufridos por las víctimas. Además, cuando se trata de violencia contra mujeres microempresarias, se deben incluir también sus pérdidas por falta de ingresos y exceso de gastos imprevistos como efecto de la violencia, lo que afecta la estabilidad financiera de sus negocios y su bienestar personal. En Inglaterra, la cuantificación de dichos costos se ha estimado en hasta 2.6% del PIB. Ambas candidatas proponen restablecer los refugios para mujeres violentadas, atender de mejor manera la tipificación del feminicidio y capacitar a las autoridades ministeriales y judiciales para la atención a las víctimas.

En conclusión, el cuidado, visto como un bien público necesario y productivo, requiere de un Estado con recursos y capacidades sólidas para promover una sociedad más sana y más participativa en lo económico y en lo social. Ambas candidatas destacan la importancia de impulsar reformas, pero hace falta innovar más; hace falta enfatizar que la actual situación de las mujeres en México no es sostenible y que se requiere un esfuerzo extra, un pacto fiscal y social con todas las fuerzas políticas para lograrlo. Quizá sería un punto de arranque interesante hacia la unidad y la reconciliación nacional.