Las herencias malditas

En plena temporada de campañas, ninguna de las candidatas, por razones obvias, quiere hablar de todos los problemas que dejará este gobierno. Aunque algunos analistas dicen que no hay ningún problema con las finanzas públicas, la realidad es que quien llegue a la Presidencia tendrá entre sus manos una serie de herencias malditas —no solo del sexenio que está por terminar— que definirán su mandato.

Algunos analistas han dicho recientemente que el aumento de la deuda en este sexenio no constituye un riesgo sistémico para las finanzas públicas a largo plazo. El argumento es que el nivel de endeudamiento sobre el PIB —tomando la medida más apropiada que es el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público— se pronostica en un 48.8% para 2024, una cifra relativamente baja en el contexto internacional. Comparado con países como Brasil (84.4%), EU (110%), e incluso con los más escandalosos como Italia (140%) o Japón (214%), la situación no parece mal. En este tren argumentativo, el gobierno hizo bien en no endeudarse durante la pandemia y mantener la disciplina fiscal.

Si bien ninguno de estos argumentos es falso, no pintan el panorama completo.

Como se comenta cada año, cuando cada gobierno manda su presupuesto, el margen en este último en realidad es muy estrecho. Entre las obligaciones de pensiones, el servicio de la deuda, las participaciones y aportaciones a entidades federativas y los gastos irreductibles —hasta antes de esta administración— en educación y salud, queda poco espacio para nuevas prioridades presupuestales.

Hacia adelante, estas presiones solo van a aumentar. Las pensiones, tanto del régimen 73 como las nuevas de adultos mayores, van a seguir creciendo de forma importante, y eso es inevitable. Por si fuera poco, los compromisos de este gobierno en programas sociales, quizás justos y legítimos, seguirán creciendo y creando aún más presión en el presupuesto.

Además, aunque insisten en inaugurar una y otra vez el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, la realidad es que para ambos proyectos faltan inversiones cuantiosas, como poliductos para sacar la gasolina de la refinería o infraestructura eléctrica para que funcione apropiadamente el Tren Maya. Estas inversiones son necesarias para que ambos sean mínimamente funcionales y, por razones políticas, no técnicas, cualquiera de las dos candidatas tendrá que terminarlas. Y para rematar, las transferencias de dinero a Pemex, que suman 90,000 millones de dólares en lo que va del sexenio, no se pueden detener de la noche a la mañana, ya que la empresa quebraría. Actualmente no tiene para pagarle a sus proveedores.

El problema de la sustentabilidad de las finanzas y lo que genera preocupación, no es el nivel de deuda mencionado al inicio, es la capacidad del Estado mexicano de generar ingresos hacia adelante y poder pagarla. México recauda muy poco en impuestos, el año pasado fueron 14.2% del PIB y dependíamos de la gallina de los huevos de oro de los ingresos petroleros, pero esos se fueron y no volverán. Sin una reforma fiscal a mediano plazo, estas obligaciones serán insostenibles.

Este y gobiernos anteriores, especialmente en el tema de las pensiones, dejan estas herencias malditas a cualquiera de sus sucesoras. En época de campañas, a todo mundo le encanta prometer ocurrencias. Al paso que vamos, alguien va a proponer que la edad de jubilación sea a los 45 años, pero no hay que engañarse. Sin una reforma fiscal, simplemente “no hay pata”.