Los problemas del próximo gobierno

En estos tiempos de precampañas, corcholatas, definiciones y procesos adelantados vale la pena hacer una pausa y reflexionar sobre el país que dejará AMLO a su sucesor, sea una de sus corcholatas o alguien de la oposición. Es imposible predecir el futuro a ciencia cierta y existen innumerables imponderables hacia adelante, pero hay ciertas realidades económicas que, tanto para bien como para mal, empiezan a imponerse y definirán en gran medida los primeros años del próximo sexenio.

El primer gran problema es el poco espacio fiscal que tendrá el próximo gobierno.

La principal presión sobre las finanzas públicas serán las pensiones. Ya para el año en curso, las pensiones contributivas y no contributivas —IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y Pensión del Bienestar a los Adultos Mayores (PBAM)— representarán 1.66 billones de pesos equivalentes a 5.2% del PIB y poco más del 20% del presupuesto de egresos de la federación. Las dinámicas demográficas y los cálculos actuariales de los analistas indican que esta presión seguirá aumentando en los próximos años y, de acuerdo con Héctor Villareal Páez, en 2027 representarán el 6.5% del PIB. Si bien esto era un problema que se previa por el modelo de pensiones y el raquítico crecimiento económico de los últimos años, uno de los proyectos insignia y de los más rescatables de este gobierno, las PBAM, han puesto aún más presión sobre los egresos futuros en materia de pensiones.

Si a esto sumamos que la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya probablemente no estén terminados y requieran más recursos, y al mismo tiempo Pemex y CFE requieran más inyecciones de capital, queda claro que el margen de maniobra del próximo gobierno será muy limitado sino es que llegamos a tener una pequeña crisis fiscal.

Por otro lado, el próximo gobierno tendrá la oportunidad de capitalizar el proceso de nearshoring que he mencionado anteriormente en este espacio. Si bien ya es un proceso que está sucediendo, y se puede empezar a observar en las cifras de formación de capital y de inversión extranjera directa, dista mucho de alcanzar su potencial. Si aprovechamos esta oportunidad, podríamos alcanzar tasas de crecimiento económico del 4%-5% anual. Pero para esto existen varios obstáculos. Para empezar certidumbre jurídica, contar con mejor infraestructura y quizá lo más importante, inversiones grandes en generación, transmisión y distribución de electricidad.

Sea quien sea el próximo o próxima presidente de México, tendrá que enfrentar un panorama fiscal mucho más complejo del que enfrentó AMLO, que ha sido neoliberal en exceso. Si a las presiones mencionadas anteriormente sumamos la promesa de un sistema de salud universal que hoy está muy lejos de concretarse y requerirá por los menos 2.5% del PIB adicionales y un sistema educativo en el abandono, el panorama cada vez parece más nublado.

El próximo gobierno no tendrá de otra más que llevar a cabo la reforma fiscal estructural que el país necesita y llevamos posponiendo varios años. Por lo que se puede anticipar, en el próximo sexenio la polarización política seguirá, sino es que se acentúa, gane quien gane las elecciones de 2024. La negociación política para llevar a cabo esta reforma fiscal no se vislumbra nada sencilla.

Si el presidente fuera un verdadero estadista, estaría pensando en esta reforma fiscal para su último mes de gobierno y con la nueva legislatura, más que en la militarización permanente o en ataques a la autonomía de la SCJN. Pero cada quién sus prioridades.