México, impacto económico de la violencia: 4.6 billones de pesos

La inseguridad en México es una de las grandes asignaturas pendientes del Estado.

La seguridad es un pilar fundamental para la competitividad de las unidades productivas: permite a las empresas invertir y competir.

En sentido inverso, la inseguridad limita y desincentiva el flujo de nuevas y mayores inversiones.

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), –grupo independiente de expertos, no partidista y sin fines de lucro– en su Índice de Paz México 2023, calculó que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos (230 mil millones de dólares) en 2022, lo que equivale al 18.3 % del PIB nacional.

La dimensión de ese impacto fue seis veces superior a las inversiones públicas realizadas en salud y más de cinco veces superior a las realizadas en educación en 2022.

Sobre una base per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 35 mil 705 pesos; más del doble del salario promedio mensual de un trabajador mexicano.

La resiliencia socioeconómica de México, medida por la calificación del Índice de Paz Positiva (IPP), se ha deteriorado un 3.1 % desde 2009.

Tales, son datos duros que reflejan el impacto y la dimensión económica de lo que representa la inseguridad en México.

Por otra parte, desde hace 16 años, la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) inició un ejercicio para preguntar a sus socios y empresas de cámaras aliadas, sus experiencias y acciones respecto a la seguridad.

Y el resultado de su Décima Edición del Sondeo de Seguridad Empresarial confirma que la seguridad y el respeto al Estado de Derecho permanecen como retos, lo que produce una percepción de incertidumbre y de un apoyo insuficiente por parte de las autoridades.

Identificó 12 resultados importantes. Entre los más importantes destacan:

1.- Seis de cada 10 empresas se consideran algo o muy afectadas por la delincuencia, tanto común como organizada.

2.- La distribución de productos a nivel nacional, está afectada por la situación de inseguridad: 12% de las empresas consideran que el crimen organizado ha tomado el control parcial de la venta, distribución y/o precios de sus productos.

3.- Se mantiene la tendencia en los estados de mayor preocupación en seguridad: Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Baja California, Yucatán, Campeche y Quintana Roo son los de menor preocupación.

4.- 58% de las empresas invierten entre 2% y 10% de su presupuesto anual en temas de seguridad; sólo 4% de ellas invierte más del 10 por ciento.

5.- Ocho de cada 10 perciben que el Estado de Derecho se hace valer poco o nada en el país, y el 85% (un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto al sondeo anterior) que la ilegalidad está afectando a sus empresas.

6.- Hay una percepción negativa generalizada sobre la aplicación de las leyes en México y la actuación de las autoridades. 81% coinciden en que hay muy poca o nula coordinación entre las instancias de gobierno encargadas de la seguridad.

La Amcham refiere algunos datos estadísticos de fuentes oficiales.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022, los delitos más frecuentes que afectan a las unidades económicas a nivel nacional son: 1.- extorsión, 2.- robo o asalto de bienes, mercancía, dinero o insumos y 3.- robo hormiga.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), durante 2022 la tendencia nacional de la extorsión reportada creció 17.16% respecto a 2021.

Esta tendencia muestra al 2022 como el año con más extorsiones en el país desde que se tiene registro.

Otro dato relevante es la falta de confianza en las autoridades, la cual se refleja en la “cifra negra”.

Según datos de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, durante 2022 únicamente se denunció e inició una carpeta de investigación en el 7.6% de delitos cometidos en el país, lo que refleja un alto grado de impunidad.

Estos datos, que provienen de fuentes tanto nacionales e internacionales, hacen evidente la necesidad de políticas públicas efectivas y suficientes.

La inseguridad y su elevado costo para las empresas, representa un obstáculo adicional para la atracción y/o aumento de las inversiones foráneas y locales de las empresas.

Se requiere el fortalecimiento del Estado de Derecho y la disminución de la impunidad. El gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador deja ese reto en un nivel elevado para la siguiente administración de Claudia Sheinbaum. Veremos.