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Reforma eléctrica, ¿Fobaproa eléctrico?
Si se llegara a aprobar la iniciativa de Reforma de la Ley Eléctrica tal y como la propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles serían las consecuencias económicas para México?
¿Sería posible que se esté gestando un Fobaproa Eléctrico? Es decir, de lograr el gobierno de México la aprobación de su iniciativa ¿estaría adquiriendo una deuda multimillonaria por la expropiación indirecta -como la han calificado las organizaciones empresariales- de los activos de las empresas que quedarían fuera del sistema eléctrico nacional?
Sería una deuda que tendríamos que pagar todos los mexicanos a través de nuestros impuestos y a lo largo de muchos años.
Esa es una pregunta cuya respuesta resulta fundamental en el debate público que se está registrando en torno a la controvertida iniciativa.
Los impactos que tendría la Ley Eléctrica del actual gobierno, coinciden la mayoría de los analistas, serían múltiples.
Desde la potencial guerra arancelaria que haría Estados Unidos -nuestro principal socio comercial- contra México; el impacto negativo en el Estado de Derecho; la incertidumbre para las inversiones privadas nacionales e internacionales; la violación a los tratados comerciales internacionales; y la elevación en el costo de la electricidad para las industrias, empresas y consumidores entre otros.
Todas esas repercusiones sin duda serían mayúsculas para México. Pero, ¿cuál sería el costo económico directo? Es un costo que tendría que pagar el gobierno.
Bueno pues el cálculo ya lo realizó el equipo de analistas de Citibanamex y arroja una cantidad extraordinaria.
Sería de alrededor de 85 mil millones de dólares, equivalentes al 6.6% del Producto Interno Bruto del país.
Las consecuencias de los cambios constitucionales que permitirían la contrarreforma energética -advierte la institución en un análisis que compartió con sus clientes-, serían mucho más profundas que las registradas luego de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.
La firma financiera refiere que de acuerdo con varias estimaciones de expertos de la industria -publicadas en los diarios- sobre los costos que enfrentaría el gobierno para compensar a los inversionistas rondan entre los 20 mil millones de dólares y los 120 mil millones de dólares que representan entre el 1.5% y el 9.3% del Producto Interno Bruto.
La Concamin estima que el gobierno lopezobradorista tendría que pagar 70 mil millones de dólares sólo por indemnizar a los inversionistas privados, afectados con la reforma eléctrica.
Un dato comparativo, para dimensionar el tamaño de las cantidades, es el de las Inversiones Extranjeras en el sector.
Desde el año 1994, ésta suma alrededor de 40 mil millones de dólares a valor presente.
El cálculo arroja esa cifra multimillonaria como la cantidad que tendría que pagar el gobierno mexicano a los empresarios y empresas afectados por la modificación de los artículos constitucionales que permitirían la contrarreforma energética.
Recuerdan los analistas de Citibanamex que en resoluciones anteriores para disputas de este tipo, han registrado daños por alrededor de 1.8 veces los costos o pérdidas estimados.
Sin embargo, advierte que la cifra final de pérdidas potenciales podría ser menor debido a la depreciación de los activos y porque no toda la inversión realizada por las empresas se volvería inoperante.
Todo depende, aunque los costos totales probablemente serían mucho mayores porque la mayoría de estas estimaciones solo toman en cuenta las inversiones de empresas extranjeras.
Habría que agregar los cargos por litigios y daños a las empresas nacionales, no solo a las que han invertido en el sector, sino probablemente también a aquellas cuyas operaciones se verían afectadas de alguna manera por los cambios legales.
Todos los cálculos prevén un costo económico elevadísimo que tendrá que pagar el gobierno.
Por lo menos eso es lo que proyectan las instituciones financieras y empresariales.
La reforma eléctrica además requerirá de inversiones multimillonarias, también del gobierno, para sustituir a las privadas. Y si no, al tiempo.
