Sheinbaum: nuevo satélite

“Vamos a poner en órbita un satélite mexicano que va a contribuir a las comunicaciones”, dice el paso 79 para la transformación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno prevé lanzar un nuevo satélite en 2027 para fortalecer la soberanía espacial y mejorar la conectividad en regiones remotas.

A través de la empresa estatal Telecomunicaciones de México (Telecomm), hoy Financiera para el Bienestar, el país ha operado satélites para ofrecer servicios de telecomunicaciones, de meteorología, observación terrestre y para seguridad nacional.

Actualmente, México cuenta con tres satélites operativos: Morelos 3, también conocido como Mexsat 2, lanzado en 2015, y los satélites Bicentenario (Mexsat-3) y Centenario (Mexsat-1), lanzados en 2012 y 2015, respectivamente. Estos satélites tienen una esperanza de vida estimada de 15 años, lo cual significa que el país se enfrenta a la necesidad de renovar su flota satelital.

Lanzar un satélite al espacio es una misión costosa y compleja. El costo de lanzar un nuevo satélite se ha estimado en 1,700 millones de dólares. Este monto incluye el desarrollo y construcción del satélite, su lanzamiento y mantenimiento a lo largo de su vida operativa. 

La propuesta de Sheinbaum contempla que el nuevo satélite esté orientado a mejorar la cobertura de Internet en las regiones más desfavorecidas del país, lo cual podría tener un impacto significativo en la inclusión digital y el desarrollo económico.

Los gobiernos tienen diferentes modelos para operar capacidad satelital y aprovechar sus posiciones orbitales, desde la propiedad y operación total de satélites, la compra de capacidad en satélites comerciales o la formación de asociaciones público-privadas (APP).

La propiedad y operación estatal implica que el gobierno posee y opera directamente los satélites. Es el enfoque tradicional adoptado por muchos países, donde se asegura un control total sobre la capacidad satelital y los datos generados, pero implica un mayor riesgo financiero y operativo. 

En lugar de poseer un satélite, un gobierno puede optar por adquirir capacidad en satélites existentes operados por empresas privadas. Esto reduce significativamente los costos iniciales y permite una mayor flexibilidad, aunque se tiene un menor control sobre la operación y los datos.

Por ejemplo, México tiene el proyecto de Aldeas Inteligentes, mediante el cual se provee conectividad satelital gratuita a Internet en sitios públicos de localidades rurales alejadas y de difícil acceso, que cuenten con proyectos productivos y de beneficio a la comunidad. 

Hasta 2023 existían 76 Aldeas Inteligentes en 15 estados. El acceso a Internet se realiza por medio de la provisión de Internet satelital como contraprestación de la capacidad satelital reservada al Estado, una política que no es del agrado de la industria satelital privada. También se han instalado 15,093 sitios con tecnología de Internet satelital. 

El modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) combina recursos estatales y privados para compartir los costos, riesgos y beneficios. Permite a los gobiernos aprovechar la experiencia del sector privado mientras mantienen un grado de control sobre la capacidad satelital, sobre todo en temas de seguridad nacional que son los más sensibles.

El lanzamiento de un nuevo satélite en México tiene ventajas, pero también desafíos. Según sus características y usos, un nuevo satélite puede mejorar la cobertura de telecomunicaciones en zonas rurales y remotas, donde la infraestructura terrestre es limitada o inexistente.

También le permite a México controlar sus propios datos y capacidades de comunicación, sin depender de empresas privadas, es decir, tener soberanía satelital y de datos, muy acorde con la ideología de la Cuarta Transformación. 

Un satélite propio fortalece la seguridad nacional al garantizar la capacidad de comunicación y observación, cruciales para la defensa del territorio, la prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos y desastres naturales.

Sin embargo, el elevado costo de desarrollo, lanzamiento y operación es el principal desafío de operar un satélite estatal. Justificar la inversión requiere una clara visión y una política pública satelital de los beneficios a largo plazo y un análisis detallado de retorno de inversión, es decir, una planeación financiera y operativa, independientemente de que México ocupe sus posiciones orbitales y no tenga el riesgo de perderlas. 

Como se mencionó, los satélites tienen una vida útil limitada. Planificar adecuadamente la sustitución o actualización de la flota es esencial para evitar interrupciones en los servicios, sobre todo porque cada año ocurren fenómenos ambientales y la seguridad nacional requiere una vigilancia constante.

Diversos países han adoptado estrategias en la gestión de sus capacidades satelitales. El modelo más desarrollado en América Latina es el de Brasil, cuyos satélites fueron concebidos para monitorear su extenso territorio amazónico. 

Estados Unidos es otro modelo con una vasta constelación de satélites operados por diversas agencias gubernamentales. Es un ejemplo de enfoque integral que combina capacidades científicas, comerciales y de defensa. Su modelo de colaboración con el sector privado es considerado una de las mejores prácticas globales.

X: @beltmondi