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Opinión

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Soberanía, gobernanza y sustentabilidad, en el mar de Cortés

No hay soberanía plena de la nación sobre el mar de Cortés. Por una parte, México no ha tomado la iniciativa de reclamarlo como mar territorial a través de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto, a pesar de que cumple con todas las condiciones fisiográficas e históricas para ello bajo el régimen de aguas interiores. Es un enorme vacío que debilita la gobernanza sobre el llamado acuario del mundo.

Por otra parte, México carece de mecanismos integrados de gestión sobre sus mares y costas, con visión territorial y ecosistémica y, en particular, sobre el mar de Cortés. De hecho, no existe en nuestro país ninguna instancia del gobierno federal, nominalmente, a cargo de ello. El Estado sólo interviene de manera aislada y descoordinada, con una visión desde compartimentos sectorialmente estancos: pesca, navegación, puertos, medio ambiente, vigilancia y aplicación de la ley, etcétera. El único instrumento capaz de superar esta ineficaz fragmentación es la declaratoria y manejo de Áreas Naturales Protegidas Marinas, en la forma de parques nacionales o de reservas de la biósfera (RB). Las RB son instituciones que ofrecen sistemas de regulación y acceso a los recursos naturales, planeación, zonificación, conservación y ordenamiento de actividades productivas con una perspectiva espacial y ecológica. Todo ello, establecido en el decreto de su creación y en el Programa de Manejo que es el código detallado de regulación. Igualmente, una RB permite mecanismos participativos de gobernanza y financiamiento por medio de una dirección, de fideicomisos y de consejos consultivos donde concurren todos los actores involucrados: comunidades locales, gobierno federal, gobiernos estatales, sociedad civil y entidades académicas o de investigación. Una RB marina genera igualmente sentido de cohesión, pertenencia e identidad a escala regional (“nuestro mar”) y marca competitividad en mercados internacionales de productos y servicios. Genera derechos sobre “su mar” a comunidades locales y previene competencia desleal de flotas industriales de otros estados.

En el mar de Cortés, día con día se hace más patente la necesidad de ordenar, regular el uso y conservar los ecosistemas marinos. Los instrumentos ofrecidos por el sector pesquero son ineficaces o insuficientes, lo que explica la sobreexplotación y colapso de numerosas especies así como profundos impactos ecológicos. Recordemos que la pesca es una actividad que extrae y mata directamente especies silvestres en su medio natural. Desde la perspectiva exclusivamente pesquera y sin una dimensión ecológica y territorial, es imposible abordar la gobernanza de los mares en forma integrada y sostenible.

Permisos y concesiones de pesca se prodigan sin restricciones espaciales o territoriales; independientemente de la ilegalidad: 50% de las capturas pesqueras es ilegal. La vigilancia es de una precariedad extrema, en virtud de que los presupuestos de la autoridad pesquera se concentran en más de 70% en el otorgamiento de subsidios que fomentan un excesivo esfuerzo pesquero y por tanto sobreexplotación.

A todo esto, debemos recordar que los mares mexicanos son propiedad de la nación, sobre los cuales existe un marcado interés público de conservación, uso sostenible y aprovechamiento no consuntivo. Los mares mexicanos no son propiedad privada y exclusiva de la industria pesquera, a pesar de que una ideología patrimonialista y décadas de captura regulatoria y de políticas de apropiación generalizada de los mares así lo hayan arraigado en la mente y visión del mundo de muchos actores.

Por todo ello y en el escenario anterior, la cancillería y la Secretaría de Marina deben iniciar las gestiones diplomáticas necesarias para construir soberanía nacional plena en el mar de Cortés como mar territorial. En paralelo, es urgente la creación, por parte de Semarnat, de una gran reserva de la biósfera. Ambos, como pasos históricos de gobernanza, conservación y uso sustentable de recursos naturales en el territorio marino más emblemático de nuestro país.

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Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.

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