Terminar el trabajo de la cooperación fiscal global

Dadas las numerosas lagunas y oportunidades de arbitraje fiscal en la economía global actual, se necesitará una cooperación internacional mucho más estrecha para garantizar que las corporaciones multinacionales y las personas más ricas del mundo paguen su parte justa. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones con este fin, pero los países desarrollados deben sumarse a ellas.

BOGOTÁ. Las Reuniones de Primavera de este año del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el posterior Foro de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, han vuelto a colocar la cooperación tributaria internacional en un lugar destacado de la agenda global. Brasil ha declarado que utilizará su presidencia del G20 para avanzar en el tema (mientras que la cumbre del G20 en Nueva Deli del año pasado no hizo ninguna mención al respecto), y la segunda fase de las negociaciones de la ONU hacia una convención fiscal global ya está en marcha.

El anterior Marco Inclusivo de la OCDE/G20 ayudó a avanzar en esta cuestión de dos maneras: estipuló que las corporaciones multinacionales muy grandes deberían pagar impuestos en todos los lugares donde operan (Pilar Uno del acuerdo), y sostuvo que debería haber una tasa mínima del impuesto a la renta corporativa global del 15% (Pilar Dos). Pero la implementación ha sido lenta, e incluso si la mayoría de las partes del acuerdo firman el tratado multilateral necesario para el Pilar Uno, es poco probable que Estados Unidos consiga la mayoría de dos tercios del Senado necesaria para la ratificación. Dado que muchas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo tienen su sede en Estados Unidos, el acuerdo quedaría escrito en agua y la economía digital global seguiría gravada insuficientemente.

Además, se espera que los beneficios del Marco Inclusivo recaigan principalmente en los países desarrollados, razón por la cual la Unión Africana posteriormente presionó para que se negociara una convención fiscal global en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue adoptada en noviembre pasado, aunque a lo largo de una marcada división norte-sur, con la mayoría de los países desarrollados votando en contra (Noruega e Islandia se abstuvieron) y casi todos los países en desarrollo votando a favor.

Ahora que las negociaciones de la ONU están avanzando, deberían centrarse primero en mejorar el Marco Inclusivo. La mejor manera de lograr el Pilar Uno es crear una norma de amplia aplicación basada en el principio de “presencia económica significativa”, según el cual las multinacionales estarían obligadas a pagar todos los impuestos, incluidos los impuestos sobre las ventas y los ingresos, sobre las ganancias que obtienen de sus actividades en todos los países. Esta regla debería estar respaldada por un mecanismo para repartir las ganancias globales de las multinacionales entre países, como ya lo hacen varios países federales dentro de sus propias fronteras. Igualmente importante es que la tasa impositiva mínima debería ser más alta: aumentar al menos al 21%, como propuso Estados Unidos en las negociaciones de la OCDE, o preferiblemente al 25% (la tasa promedio en los países más ricos). Por último, debería haber el menor número posible de excepciones (preferiblemente ninguna) al tipo mínimo.

Las reuniones de primavera de este año también incluyeron debates sobre una propuesta para imponer un impuesto anual sobre el patrimonio del 2% a los superricos del mundo. Al haber contado con el respaldo de Brasil, lo más probable es que esta propuesta también esté en la agenda del G20. Teniendo en cuenta que los superricos generalmente pagan impuestos muy bajos, los argumentos a favor de ello son sólidos. Un estudio reciente del Observatorio Fiscal de la UE, dirigido por Gabriel Zucman de la Universidad de California, Berkeley, muestra que un impuesto global sobre el patrimonio del 2% para los multimillonarios del mundo (unas 3,000 personas) recaudaría 250,000 millones de dólares al año.

En todo caso, las negociaciones de la ONU deberían apuntar a un impuesto mínimo aún más amplio para las personas más ricas de todos los países, con un impuesto adicional sobre el patrimonio que complemente los impuestos sobre la renta. Esto es necesario porque la riqueza está más concentrada que el ingreso y se beneficia de muchas exenciones y excepciones, como la tasa más baja sobre las ganancias de capital en Estados Unidos y otros países.

Durante mi reciente mandato como Ministro de Finanzas de Colombia, los legisladores aprobaron la propuesta del gobierno de introducir un impuesto a la riqueza además del impuesto a la renta del país, lo que demuestra que tales medidas son políticamente alcanzables a nivel nacional. Pero hará falta una mayor cooperación internacional –un impuesto mínimo coordinado, impuestos a las personas y empresas que han trasladado su residencia al extranjero y más intercambios de información entre autoridades tributarias– para garantizar que las personas más ricas de todo el mundo paguen su parte justa.

De hecho, la agenda de la convención fiscal de la ONU debería ser más amplia. La Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT), en la que formo parte, también ha pedido principios comunes y estándares mínimos para gravar los ingresos y la riqueza; coordinación internacional sobre ganancias extraordinarias o excedentes; medidas para fortalecer los instrumentos contra la elusión; nuevos mecanismos para coordinar los impuestos a los servicios digitales, y presentación de informes públicos, país por país, sobre los impuestos pagados por las multinacionales. También se podría agregar un impuesto mínimo estándar sobre la explotación de recursos naturales, ya que varios países en desarrollo están dando incentivos fiscales a las empresas extranjeras para ese propósito (una decisión política verdaderamente irracional).

Otra propuesta del ICRICT proporcionaría una mayor transparencia en la propiedad de la riqueza mediante la creación de un registro global de activos que enumere a los beneficiarios finales (basado en la información que poseen las autoridades tributarias nacionales y otras agencias del sector público). Esta transparencia es crucial para implementar eficazmente cualquiera de las otras propuestas tributarias para las rentas del capital y la riqueza.

Finalmente, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones Fiscales debería transformarse en un organismo intergubernamental formal, ya que esto será esencial para fortalecer y sostener la cooperación internacional. Aunque esta propuesta fue rechazada anteriormente en 2004 y 2015, el comité de expertos al menos se fortaleció en esas dos ocasiones, y ahora está cobrando impulso una vez más la creación de un órgano intergubernamental.

Hasta ahora, las negociaciones globales sobre cuestiones tributarias se han limitado al Marco Inclusivo de la OCDE/G20, que tiene más de 140 miembros, pero carece de la membresía universal de la ONU. La ONU debería ahora trabajar junto con la OCDE para fortalecer la cooperación fiscal internacional. Si bien los países desarrollados votaron en contra de la resolución de la Unión Africana en noviembre pasado, están participando en las nuevas negociaciones.

En un momento en el que el mundo se está volviendo más multipolar y fragmentado, las reformas a la arquitectura tributaria internacional –a través de una convención tributaria global de la ONU y las resoluciones del G20– pueden dar nueva vida al multilateralismo, así como ayudar a los países a movilizar los recursos que necesitan para proveer servicios sociales, construir infraestructura y fortalecer la resiliencia contra el cambio climático.

El autor

José Antonio Ocampo, exsubsecretario general de las Naciones Unidas y exministro de Finanzas y Crédito Público de Colombia, es profesor de la Universidad de Columbia, miembro del Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Es autor de Resetting the International Monetary (Non)System (Oxford University Press, 2017).

Derechos de autor: Project Syndicate, 2024.

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