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¿Tirar por la borda?
Aunque el gobierno del presidente López Obrador aplaudió la entrada en vigor del T-MEC, diversas acciones e intenciones van en contra de lo que ahí se establece.
En el segundo lustro de la década de los sesenta, el modelo de desarrollo económico basado en gran medida en el proteccionismo del aparato productivo nacional, principalmente de la industria manufacturera se agotó. En lugar de adoptar una política de desarrollo “hacia afuera”, el gobierno de Echeverría optó por tratar de mantener el esquema de desarrollo “hacia adentro” a través de una política fiscal expansiva financiada con crédito primario del banco central y endeudamiento externo; la incompatibilidad macroeconómica derivó finalmente en la crisis de balanza de pagos en 1976.
El gobierno de López Portillo volvió a perder la oportunidad de cambiar el modelo de desarrollo. El descubrimiento y explotación de yacimientos petroleros llevó al gobierno a desatar una orgía de gasto público, a grado tal que los ingresos extraordinarios por petróleo fueron insuficientes, por lo que se volvió a recurrir al financiamiento inflacionario y a la contratación de deuda pública.
La caída en el precio del petróleo en 1981 y la consecuente caída en los ingresos petroleros, en lugar de enfrentarse con un ajuste del tipo de cambio y una contracción del gasto público, se subsanaron con aún mayor deuda externa, principalmente de muy corto plazo. La imposibilidad de cubrir el servicio de tal deuda y la incompatibilidad macroeconómica derivó, finalmente, en la crisis de 1982 y la pérdida de México al mercado internacional de capitales.
Ante esta situación, el gobierno finalmente optó por cambiar el modelo de desarrollo basado en la integración de la economía mexicana al mercado internacional. La adhesión en 1986 de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, la reducción unilateral de aranceles en 1988 y la entrada en vigor del TLCAN en 1994 (seguida por otros acuerdos de libre comercio), significó un profundo cambio estructural de la economía mexicana y, de suma importancia, cambió las reglas del juego tanto para el sector privado como para el gobierno en materia de comercio internacional y de inversión.
La certeza sobre la permanencia de las nuevas reglas del juego, sujetando al propio gobierno a su cumplimiento y la menor asimetría entre las empresas mexicanas y sus contrapartes extranjeras en cuanto a controversias en el cumplimento de contratos, generó las condiciones para una reasignación sectorial y regional de los recursos, lo que significó la expansión de la industria manufacturera en el centro-norte del país, de la agricultura moderna y la atracción de significativos flujos de Inversión Extranjera Directa. Más aún, a medida que se fue consolidando la aplicación de las reglas TLCAN, se generaron las condiciones para que se dieran, crecieran y consolidaran cadenas productivas entre los tres países norteamericanos.
El resultado está a la vista: los “estados TLCAN” del país han crecido significativamente más que los estados y regiones no integradas a los mercados internacionales, es decir los del sur.
Aunque el gobierno del presidente López Obrador aplaudió la entrada en vigor del T-MEC, diversas acciones e intenciones van en contra de lo que ahí se establece. Destaca la discriminación regulatoria en contra de las empresas privadas, nacionales y extranjeras en el sector eléctrico nacional violando la Constitución, leyes y diversos tratados internacionales.
La carta que enviaron los secretarios de Estado, Comercio y Energía de Estados Unidos a sus contrapartes del gobierno de México es una muestra de tal discriminación y se une a las expresadas con anterioridad por parte de los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea. Lo es también la intención de desaparecer al IFT, la Cofece y el INAI en contravención del T-MEC y las reglas de la OMC. ¿Está dispuesto el presidente a tirar por la borda los avances logrados gracias a la integración?
