Un orden monetario y económico apto para el siglo XXI

En los últimos años, el cambio climático y la pandemia de Covid-19 han puesto de manifiesto cuán desfasadas están estas instituciones con las cambiantes realidades económicas y prioridades de desarrollo globales.

LONDRES. Hace ochenta años, delegados de 44 países se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para coordinar la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y promover la cooperación económica internacional. Las instituciones para las que sentaron las bases –el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– se encuentran en el corazón del orden monetario y financiero mundial.

Sin embargo, en los últimos años, el cambio climático y la pandemia de Covid-19 han puesto de manifiesto cuán desfasadas están estas instituciones con las cambiantes realidades económicas y prioridades de desarrollo globales. Para que la comunidad internacional tenga la oportunidad de abordar los desafíos del siglo XXI de manera efectiva y equitativa, se debe reformar la arquitectura económica y financiera global. Destacan ocho prioridades.

En primer lugar, se debe dar más voz a las economías en desarrollo en las instituciones multilaterales. Como se ha reconocido ampliamente, el poder económico mundial ha cambiado significativamente desde 1944, y los mercados emergentes y las economías en desarrollo tienen mucho más peso. Sin embargo, las cuotas y los sistemas de votación en las instituciones de Bretton Woods todavía están muy sesgados a favor de las economías avanzadas. Además, persiste un acuerdo de caballeros según el cual un europeo dirige el FMI y un estadounidense dirige el Banco Mundial.

Esta situación no sólo socava la legitimidad de las instituciones de Bretton Woods; también impide su capacidad para afrontar los desafíos urgentes y complejos de nuestro tiempo. Es por eso que se deben reasignar cuotas y porcentajes de voto –un cambio al que las economías avanzadas, especialmente Estados Unidos, se han resistido hasta ahora– y se debe adoptar un procedimiento de selección de líderes de “doble mayoría”. En tal sistema, los candidatos seleccionados tendrían que obtener tanto una mayoría de votos ponderados (que reflejan la participación de los países en la institución) como el apoyo de una mayoría de los países miembros.

En segundo lugar, la Red Mundial de Seguridad Financiera (GFSN, por sus siglas en inglés), la red de instituciones que brindan financiamiento crítico en tiempos de crisis, debe fortalecerse y hacerse más receptiva a las necesidades de las economías en desarrollo que enfrentan riesgos climáticos y macroeconómicos en evolución. Tal como está, el GFSN no sólo se queda muy corto en términos de la cantidad de apoyo que brinda, sino que también sufre de desigualdades estructurales inherentes que dejan a los países en desarrollo más expuestos. Una GFSN más grande y más equitativa protegería mejor a los países contra los shocks climáticos y otras crisis, liberando recursos para fomentar el desarrollo local.

En tercer lugar, se debe establecer un mecanismo internacional para ofrecer soluciones justas y rápidas a las crisis de deuda soberana. El trabajo sobre un mecanismo de renegociación de la deuda soberana –incluida una institución que sea independiente de acreedores y deudores (crucial para garantizar un trato justo)– debería comenzar ahora. Pero también se necesitarán soluciones a corto plazo para abordar la crisis de deuda soberana que actualmente está obstruyendo el desarrollo en el Sur Global, ya que obstaculiza inversiones críticas en acción climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

En cuarto lugar, se debe ampliar enormemente el financiamiento climático, y todos los flujos financieros públicos y privados –incluidos los préstamos de las instituciones financieras internacionales– deben estar alineados con los objetivos establecidos en el acuerdo climático de París. Los organismos internacionales de normalización deben comprometerse a abordar los riesgos financieros relacionados con el clima y apoyar esta “alineación de París”.

Quinto, se deben fortalecer los bancos de desarrollo internacionales, nacionales y subnacionales. La adaptación y mitigación del cambio climático requerirán enormes cantidades de inversión, y existen límites a lo que pueden hacer las instituciones financieras comerciales. Por lo tanto, los bancos y fondos públicos de desarrollo deben desempeñar un papel mucho más importante en la financiación de la transformación estructural y el desarrollo sostenible. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones financieras de desarrollo (IFD) deberían trabajar estrechamente con sus pares nacionales y subnacionales para ayudarlos a desarrollar su potencial.

En sexto lugar, debe haber avances hacia un sistema multilateral de divisas y reservas centrado en la unidad de cuenta del FMI, los Derechos Especiales de Giro (DEG). La centralidad del dólar estadounidense en el sistema monetario global (o no sistema) significa que las políticas de un banco central –la Reserva Federal– tienen un impacto desproporcionado en las condiciones monetarias globales y el ciclo financiero global. Un sistema más estable haría que el FMI emitiera DEG periódicamente para satisfacer los aumentos de la demanda mundial de reservas de divisas, con asignaciones automáticas adicionales en tiempos de crisis. Al mismo tiempo, para reducir el riesgo cambiario en los países receptores, los BMD y las IFD deberían proporcionar financiamiento en monedas locales.

En séptimo lugar, el FMI y las instituciones financieras regionales deberían crear mecanismos de coordinación de políticas para gestionar la volatilidad de los flujos de capital entre regiones y entre las economías en desarrollo y las avanzadas. Una financiera internacional también debería introducirse un impuesto a las transacciones comerciales para ayudar a limitar las perturbaciones causadas por los flujos de capital a corto plazo. Los considerables ingresos que generaría un impuesto de este tipo podrían utilizarse para financiar los ODS y la acción climática.

Por último, es necesario fortalecer la arquitectura fiscal internacional para apoyar un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. Una mayor transparencia fiscal y mejores mecanismos para el intercambio transfronterizo de información bancaria y financiera podrían permitir a los países generar más ingresos fiscales internos. Además, una Convención Marco vinculante de las Naciones Unidas sobre Tributación, combinada con medidas para combatir los flujos financieros ilícitos, podría crear nuevas fuentes de financiación para el desarrollo y reducir la dependencia de la asistencia oficial para el desarrollo.

La Conferencia de Bretton Woods de 1944 fue un momento de acción colectiva sin precedentes. Hace tiempo que debería haber otro momento de ese tipo, en el que los líderes mundiales promuevan una nueva visión de futuro para la arquitectura financiera global.

Este comentario también está firmado por William Kring, director ejecutivo del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston; Kamal Ramburuth, investigador del Instituto de Justicia Económica, y Sarah Ribbert, responsable principal de programas de la Fundación Heinrich Böll.

Autores

Ulrich Volz

Profesor de Economía y director del Centro de Finanzas Sostenibles de SOAS de la Universidad de Londres, es copresidente del Proyecto de Alivio de la Deuda para una Recuperación Verde e Inclusiva.

Janak Raj

Es investigador principal del Centro para el Progreso Económico y Social.

Mónica Herz

Profesora asociada del Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, es investigadora principal del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales y miembro del Consejo Ejecutivo del Centro de Políticas de los BRICS.

Derechos de autor: Project Syndicate, 2024.

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