Voces contra el acoso en la UNAM

Hartas del acoso y la violencia sexual impunes en su universidad, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hicieron un paro feminista de 24 horas del 15 al 16 de marzo. Las múltiples manifestaciones de apoyo que han recibido demuestran la prevalencia de la violencia machista que afecta sobre todo a mujeres en las universidades del país, y la urgencia de que las autoridades universitarias reconozcan la gravedad del problema y tomen medidas efectivas para prevenirlo y sancionarlo.

El acoso y la violencia sexual en las universidades no son nuevos, la resistencia de las autoridades a asumir su responsabilidad, tampoco: prevalece en éstas, como en el país, una mentalidad patriarcal que tiende a minimizar la violencia contra las mujeres, incluso cuando se trata de agresiones sexuales graves. Lo novedoso, y alentador, es la protesta pública de quienes han sido agredidas, han denunciado y no han recibido respuesta adecuada.

En lo que se refiere a la UNAM, es evidente un malestar creciente entre el estudiantado ante el acoso y la violencia y ante la negligencia o falta de contundencia oficial. En efecto, el paro feminista en Filosofía y Letras, apoyado por estudiantes de Ciencias Políticas, se suma a la manifestación pública de estudiantes del CCH Vallejo para denunciar el abuso sexual a una alumna de 16 años por parte de un trabajador, y al paro en la Preparatoria 5 en protesta por la agresión sexual de un profesor contra una alumna. En el primer caso, el empleado salió en libertad porque la oficina jurídica del plantel no llamó a la policía; en el segundo, el profesor fue despedido.

Las autoridades de la UNAM que se han pronunciado aseguran que las denuncias se han canalizado conforme al Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, expedido el 1ero de septiembre de 2016, después de la adhesión de la universidad a la campaña #HeForShe. Esta respuesta resulta del todo inadecuada porque el protocolo es precisamente una de las causas de las protestas. Las profesoras de la Facultad de Economía, por ejemplo, en su carta de apoyo al paro estudiantil feminista, demandaron al rector que se revisen tanto el Protocolo como la Comisión de Equidad y los Lineamientos de Igualdad porque, argumentan, la normativa actual “contribuye a la normalización y sistematización de la violencia de género y promueve el respaldo a los agresores”.

Uno de los puntos cuestionados del protocolo es la obligación de confidencialidad para ambas partes, que inhibe la denuncia pública (y la sanción social); otro es el recurso a la mediación, y lo que muchas consideran protección al agresor. Si bien es importante preservar la presunción de inocencia, que parece regir a este instrumento, en los casos de violencia sexual y en un contexto de claras relaciones desiguales de poder, los derechos de la víctima deben prevalecer. Como señaló la Red No Están Solas desde 2016, suponer que abundan las denuncias falsas es una falacia. La denuncia de agresiones sexuales, por el contrario, es de las más difíciles por los prejuicios que han acallado por siglos a las mujeres violadas y maltratadas.

Ningún protocolo por sí mismo resolverá la normalización de la violencia machista que predomina en el país y en el ámbito educativo, pero si las normas tienen fallas, deben reformarse. Las autoridades de la UNAM no pueden seguir desoyendo las críticas de su comunidad ni cerrar los ojos ante una realidad de la que no son únicas responsables pero que en sus espacios deben prevenir y sancionar. Permitir, como hoy sucede en diversos planteles de la UNAM, no sólo en la Ciudad de México, direcciones y oficinas jurídicas protejan a profesores o estudiantes agresores, amenacen a quienes dan seguimiento a casos, o se comporten tan mal como el ministerio público, las hace responsables de la impunidad y de la violencia que afectan el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes. Es hora de dar el ejemplo a las demás universidades del país, que también tienden a negar o minimizar el problema.