Democracia y salud: ¿Cómo llegamos hasta aquí?

"¿A dónde vamos?", APHA.

La American Public Health Association (APHA) alerta que la salud pública está en la boleta electoral en todas las elecciones de todos los lugares en Estados Unidos, un país con 4.5 veces más territorio y 335 millones de habitantes.

Las elecciones de noviembre en Estados Unidos no sólo decidirán nuevos representantes, sino que se convertirán en un escenario decisivo para la salud pública. A través de 41 estados, los votantes serán consultados sobre propuestas de ley que abarcan desde la libertad reproductiva hasta la licencia por enfermedad pagada y el salario mínimo.

Este es un ejemplo contundente de cómo la “democracia directa” puede operar como un mecanismo para frenar los poderes fácticos, es decir, aquellos grupos de interés que influyen en la política más allá del control de los votantes. La experiencia estadounidense ofrece una lección valiosa para México, un país donde la salud pública sigue en constante debate y donde la democracia directa podría ser la clave para superar obstáculos legislativos y garantizar derechos fundamentales.

En los últimos años, las elecciones en EU han demostrado ser un terreno fértil para las medidas de iniciativa ciudadana, especialmente aquellas relacionadas con la salud. Según un estudio reciente de Health Affairs, el 76% de las propuestas de ley impulsadas por ciudadanos exitosas en la última década han abordado temas vinculados a la atención médica, la equidad en la salud, la seguridad con armas de fuego, la vivienda asequible y los derechos laborales. Este dato resalta la importancia de la participación ciudadana en la creación de políticas de salud pública, especialmente en un contexto donde las legislaturas estatales a menudo quedan paralizadas por la polarización política y las agendas partidistas.

En México, la democracia directa aún está en fase de desarrollo, a pesar de estar contemplada en la Constitución. El país ha visto esfuerzos limitados de consultas populares e iniciativas ciudadanas que logren impactar verdaderamente en la legislación de salud. Sin embargo, los retos de salud pública en México, como la cobertura de servicios de atención primaria, la lucha contra enfermedades emergentes y la equidad en el acceso a tratamientos, requieren de un enfoque más proactivo que permita a los ciudadanos tener un papel más activo en la toma de decisiones. En este sentido, la experiencia estadounidense con las elecciones de noviembre de 2024 puede ser instructiva, mostrando cómo la participación directa puede influir en políticas esenciales que impactan la vida cotidiana de las personas.

Uno de los temas centrales de la elección en EU en noviembre será la libertad reproductiva, un asunto que sigue generando un debate apasionado en ese país. La anulación en 2022 del derecho constitucional al aborto por la Corte Suprema de EU ha impulsado a diez estados a incluir medidas en sus boletas electorales para proteger o restringir el acceso a este servicio. Montana, por ejemplo, logró reunir más de 81,000 firmas para una propuesta de ley que garantizaría la libertad reproductiva a través de una enmienda constitucional. Este tipo de acciones ponen de manifiesto el poder de la movilización ciudadana para definir el alcance de los derechos de salud, incluso en un clima político adverso.

En México, la lucha por los derechos reproductivos también ha sido intensa y está marcada por una serie de avances y retrocesos en los últimos años. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido fallos a favor de la despenalización del aborto, su implementación en los estados ha sido desigual, reflejando la fragmentación de la política de salud pública en el país. Un enfoque de democracia directa, donde los ciudadanos puedan proponer y votar sobre políticas de salud de manera más activa, podría ser clave para superar las barreras impuestas por legisladores conservadores o gobiernos estatales reacios al cambio. La lección de las elecciones en EU es clara: cuando las legislaturas se niegan a avanzar en derechos fundamentales, los ciudadanos pueden tomar la iniciativa.

Además de los derechos reproductivos, las boletas de noviembre en EU incluirán medidas sobre justicia económica, salario mínimo y licencia por enfermedad remunerada, temas que también son relevantes para México. La pandemia de COVID-19 evidenció la precariedad laboral y la falta de seguridad social en el país, problemas que han persistido debido a la falta de una legislación robusta y efectiva. En EU algunos estados como Alaska y Missouri han propuesto ampliar la licencia por enfermedad pagada, mientras que California está considerando una expansión en el control de alquileres y un aumento del salario mínimo. Estas propuestas reflejan la relación intrínseca entre justicia económica y salud pública, ya que el bienestar económico de una población incide directamente en su acceso a servicios de salud y su capacidad para mantener una calidad de vida adecuada.

En el contexto mexicano, la posibilidad de implementar una democracia directa más activa podría permitir a los ciudadanos abordar de manera más efectiva la brecha de inequidad en el acceso a servicios de salud y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La participación ciudadana a través de iniciativas populares podría facilitar la creación de leyes que amplíen el acceso a servicios básicos de salud, promuevan la equidad y refuercen la seguridad social para todos los mexicanos. Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario revisar y reformar el marco legal actual, garantizando que los ciudadanos puedan proponer y votar sobre medidas de política pública sin enfrentar obstáculos burocráticos o políticos.

Uno de los mayores retos para la democracia directa en México es la presencia de poderes fácticos que buscan frenar o influir en la implementación de políticas de salud pública. La industria farmacéutica, por ejemplo, ha tenido un papel preponderante en la definición de políticas de acceso a medicamentos y tratamientos en el país. Si bien la regulación es necesaria, el acceso a medicamentos básicos y servicios de salud no debe estar condicionado por intereses privados.

La salud pública no debería ser un campo de batalla político, sino un derecho fundamental garantizado por el Estado y defendido por la ciudadanía. La democracia directa puede ser una herramienta efectiva para asegurar que los intereses de salud de la población sean priorizados y protegidos, brindando un futuro más equitativo y saludable para todos.

*Éctor Jaime Ramírez Barba es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.