Prohibir vapeadores beneficia a delincuentes y fomentará más violencia

En un ejemplo más de decisiones legislativas estúpidas y desconectadas de la realidad, el Congreso elevó a rango constitucional la prohibición de los vapeadores. Lo que pretende ser una medida en favor de la salud pública logrará exactamente lo contrario, fortaleciendo un mercado negro ya lucrativo y fomentando la violencia criminal asociada.  

La historia del cigarro ya nos enseñó que la adicción a la nicotina no desaparece con prohibiciones parciales. Este producto, responsable de más del 90% de los casos de cáncer de pulmón y otras enfermedades devastadoras, provoca alrededor de 65,000 muertes al año en México y representa un gasto de unos 116,000 millones de pesos anuales, según datos del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. A pesar de las estrictas regulaciones, el cigarro sigue siendo consumido ampliamente. Ahora, los cigarrillos electrónicos o vapeadores —presentados como una alternativa moderna— no sólo heredan la adicción, sino que añaden nuevos riesgos.

Los vapeadores contienen sustancias como formaldehído, acetaldehído y metales pesados, que al ser inhalados generan daños significativos. Cada vez son más los casos de lesiones pulmonares graves y enfermedades crónicas vinculadas al vapeo. Sin embargo, en lugar de regular adecuadamente estos productos y educar a la población sobre sus riesgos, el Congreso optó por la prohibición total, ignorando las lecciones aprendidas en otros contextos. Es incomprensible que los legisladores, con tal de satisfacer los caprichos de AMLO, el aldeano que recién gobernó al país, repitan los errores del pasado, ignorando la evidencia acumulada sobre las consecuencias de las prohibiciones totales.

¿Qué sucede cuando se prohíbe un producto de alta demanda? Surge el mercado negro. Organizaciones criminales como La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación ya controlan la importación y distribución de vapeadores ilegales. Aprovechan rutas de contrabando desde Asia, principalmente China, para introducir productos que carecen de regulación sanitaria y a menudo contienen sustancias aún más peligrosas, como metanfetaminas y fentanilo. Este mercado clandestino genera ingresos estimados en 5,000 millones de pesos anuales, fondos que fortalecen las actividades ilícitas y agravan la violencia criminal.

La idea de que la prohibición protegerá a la población es una fantasía que sólo cree AMLO. En lugar de combatir el problema en su raíz, se elige una medida que criminaliza a los consumidores y cede todo el mercado a actores ilegales. Los legisladores parecen ignorar que la regulación efectiva, combinada con educación y campañas de concientización, es mucho más eficaz para reducir el consumo y minimizar riesgos.

Tanto el cigarro como los vapeadores representan riesgos serios para la salud pública, pero abordar el problema mediante prohibiciones no sólo es simplista, sino contraproducente. En un país donde el crimen organizado ya domina sectores estratégicos, esta medida legislativa no hace más que añadir leña al fuego. ¿Qué debe pasar para que nuestras políticas públicas dejen de ser reactivas y comiencen a ser preventivas? Por ahora, los únicos beneficiarios de esta absurda decisión son las bandas de la delincuencia organizada.

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