El desafío de la gobernanza y la lucha contra la corrupción en Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania constituye enormes retos a la gobernanza y la infraestructura del estado ucraniano; ha causado devastación material y humanitaria y ha puesto a prueba la resiliencia de las instituciones políticas y judiciales de Ucrania. La lucha contra la corrupción y la implementación de reformas judiciales ha adquirido una relevancia crucial para asegurar la sostenibilidad del Estado ucraniano y su camino hacia la integración europea. 

Todo conflicto armado incrementa los riesgos de corrupción. La falta de control sobre territorios en guerra socava el Estado de Derecho; y la concentración de recursos en el esfuerzo bélico puede crear oportunidades para el desvío de fondos públicos, sobornos y abuso de poder.

Sin embargo, el caso de Ucrania es particularmente interesante debido a que, a pesar de la guerra, el país ha mostrado avances en su lucha contra la corrupción, como lo refleja su ascenso en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) durante 11 años consecutivos.

La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones judiciales son esenciales en cualquier contexto, pero en un país en guerra adquieren una importancia existencial. Las reformas implementadas en Ucrania en los últimos años, especialmente aquellas relacionadas con la reestructuración del sistema judicial y la creación de órganos judiciales más independientes, han sido cruciales para contener la corrupción y resguardar los contrapesos.

La independencia judicial, no es suficiente por sí sola. La transparencia y el adecuado financiamiento de las instituciones encargadas de aplicar la ley son igualmente cruciales. Si los tribunales anticorrupción y los organismos de auditoría no cuentan con los recursos necesarios o son vulnerables a presiones políticas, su efectividad se ve comprometida. Ucrania ha demostrado compromiso al fortalecer la capacidad del órgano encargado de enjuiciar casos de corrupción de alto nivel. A pesar de los avances, la vulnerabilidad del Estado ucraniano eleva la preocupación respecto a la latente posibilidad de casos de corrupción no resueltos y expone la necesidad de un esfuerzo continuo para la subsistencia del Estado de Derecho.

El caso de Ucrania también destaca la importancia de contar con órganos judiciales independientes y percibidos como independientes por la ciudadanía, especialmente en momentos críticos que además requieren de gobernabilidad y confianza en las instituciones. En Ucrania, el establecimiento de una mayor independencia judicial ha contribuido a mejorar esta percepción, aunque aún hay mucho por hacer.

La guerra ha amplificado tanto los desafíos como las oportunidades para Ucrania en su lucha contra la corrupción. La invasión rusa ha desestabilizado al país y ha creado nuevas oportunidades para el enriquecimiento ilícito, pero también ha unido a sectores reformistas de la sociedad ucraniana en torno a la causa de la reestructura de las instituciones y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El apoyo internacional, particularmente de la Unión Europea, ha sido importante para impulsar estas reformas. La eventual adhesión a la UE es un incentivo para que Ucrania siga avanzando en la implementación de cambios profundos en su sistema judicial y en su lucha contra la corrupción.

La reconstrucción de Ucrania no solo dependerá de la reconstrucción de sus infraestructuras, sino del fortalecimiento de sus instituciones políticas y judiciales. La historia reciente de países en guerra muestra que, sin un compromiso genuino para combatir la corrupción y fortalecer la gobernanza, los esfuerzos de reconstrucción suelen verse minados por el abuso de poder, el soborno y el desvío de fondos. En este sentido, Ucrania debe continuar el camino hacia la consolidación de un Estado de Derecho fuerte y transparente, donde las instituciones judiciales y los organismos de control actúen de manera independiente y eficiente.