Otra vez la ignorancia al poder

Retomo lo dicho por el ministro Laynez en su argumentación para someter a estudio la reforma hecha al poder judicial. Les dice a las tres ministras que están en contra de aceptar el estudio de la constitucionalidad de la reforma judicial, las 3 ministras proclives al oficialismo: “No aceptar a estudio una reforma constitucional que ya está promulgada, sería tanto como aceptar que el congreso emitiera una ley en la que se impone cadena perpetua a la mujer que interrumpiera su embarazo, y tendríamos que aceptarla sin más discusión”.

Tiene razón el ministro y muestra una increíble ignorancia jurídica, la presidenta al asegurar que “... en ningún lugar de la constitución dice que el PJF puede revisar una ley constitucional (y tercia con mayor ignorancia y simplismo) además la ley ya es constitucional, porque ya está publicada”.

A la presidenta (presidente en correcto español), se le olvida que mientras que es cierto que la soberanía se deposita en el pueblo y este tiene el inalienable derecho a cambiar su forma de gobierno o imprimirle las características que considere necesarias, también es cierto que el texto constitucional posee un espíritu y una voluntad expresada por el constituyente originario. Algo así como las decisiones que tomaron nuestros padres fundadores.

Entre el constituyente y los poderes constituidos hay una gran diferencia. El primero puso y ordenó al poder y a la sociedad de una cierta manera, que en conjunto daban un cuerpo coherente de responsabilidades, derechos y límites que, desde su punto de vista, llevarían a la sociedad mexicana al verdadero ejercicio de esos derechos, esas obligaciones y esas responsabilidades. Al leerse o interpretarse dicho texto, no puede hacerse a la luz de un solo artículo o una sola visión, tienen que confluir en las reformas y en los cambios que se le hiciesen una racionalidad histórica, jurídica y logica que no afecte el diseño básico que se propuso para nuestro país.

Los poderes constituidos, por tanto, no pueden atentar contra la organización del estado mexicano con absoluta impunidad, y para vigilar que ni el ejecutivo, ni el legislativo se aparten de esa visión constituyente, está la suprema corte de justicia de la nación, que como usted sabe, es también tribunal constitucional. Por esa razón, como sencillamente explicó el ministro Laynez, la suprema corte no puede hacerse de la vista gorda o dejar de revisar una reforma que para efectos prácticos cambia todo el sistema de justicia mexicano y lo pone al servicio de los otros dos poderes por conveniencia, argumentación política insulsa o simple interés político al calor de lo que la turba esgrime.

El propio ministro en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (actual miembro del gobierno de Sheinbaum), en un voto particular en el 2016, a una resolución que la Corte decidió no declarar inconstitucional, porque era legislación promulgada, expresó su contrariedad porque la Corte había decidido no declararla como tal.

Sería deseable que la presidenta, primero preguntara y luego tomara en cuenta la opinión de juristas experimentados como su cargo lo reclama, y tratara de portarse como estadista, no como como presidenta de una sociedad de alumnos tratando de complacer al apreciable público.

Por lo demás, no es posible entender cuál es la necesidad de cambiar de la manera propuesta al poder judicial, que no sea por intereses personales, de poder o sencillamente de cumplir la última vendetta que AMLO le dejó de herencia. Nada más, pero nada menos, también.