Expertos de la ONU señalan preocupación de que la Guardia Nacional pase a la Sedena

Un grupo de expertos de las Naciones Unidas expresó este martes su preocupación por la posible aprobación de una reforma constitucional en México que asignaría permanentemente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, en particular, colocando a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La preocupación principal es que esta medida podría aumentar el riesgo de violaciones de derechos humanos, como tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

"Nos alarma que, de aprobarse esta reforma constitucional, se asignarían de manera permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El potencial impacto de esta modificación en el incremento de desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante", afirmaron los expertos en un comunicado conjunto.

Otras de las principales preocupaciones es que la reforma también sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar, otorgándole facultades para participar en investigaciones criminales. Según afirmaron, esto ampliaría aún más las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de su rol estrictamente relacionado con la disciplina militar.

Si se adopta, México estaría contradiciendo numerosas recomendaciones emitidas por los órganos de tratados y procedimientos especiales de la ONU, que desde 1999 han señalado la necesidad de que las tareas de seguridad pública sean llevadas a cabo por fuerzas civiles", advirtieron.

La propuesta, aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre, está programada para votarse en el Senado esta semana. Desde hace varios años, los expertos de la ONU han advertido sobre el papel cada vez más predominante de las Fuerzas Armadas en el modelo de seguridad interna de México, implementado a través de políticas públicas y reformas legislativas.

“También es importante generar las condiciones para un diálogo reflexivo para analizar y discutir las acciones a seguir para avanzar en un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública”, señalaron.

Entre los expertos mencionados, están Aua Baldé, Gabriella Citroni y Grażyna Baranowska, quienes forman parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, y Gina Romero, Relatora sobre derechos a la libertad de reunión pacífica.